La defensa de tierras en CDMX es peligrosa: representantes comunales
En Xochimilco, amenazas de muerte por oponerse a entregar 300 hectáreas
La actual defensa de sus tierras por parte de numerosos pueblos indígenas también está ocurriendo en los alrededores de Ciudad de México, dentro de sus límites legales, y como otras entidades esta defensa puede resultar peligrosa. “Sufrimos una embestida fatal. Nos quieren desaparecer. Lo hicieron con los pueblos del valle, ahora vienen por los de la montaña”, resume Raymundo Rojas Flores, comisariado de Bienes Comunales de San Francisco Tlalnepantla (Xochimilco) que apenas el pasado martes 16 fue amenazado de muerte por oponerse a la entrega de 300 hectáreas de bosque montañoso a la Secretaría de Marina para construir una base militar. Ya hace 10 meses recibió una golpiza por la misma razón. La “embestida” llega a lo personal.
Fernando Arenas Ramírez, representante comunal de San Salvador Cuauhtenco (Milpa Alta) trae dos dedos enyesados tras una agresión reciente por motivos similares. “Necesitamos desenmascarar a los que ejercen el gobierno de manera ventajosa”, dice a La Jornada. “Las autoridades, lejos de ayudar, entorpecen la vida comunitaria. Nos enredan en procesos jurídicos que nunca resuelven. Con la intromisión de proyectos para incorporar nuestro territorio a la ciudad pretenden eliminarnos negando la realidad de nuestras comunidades”.
También a los pueblos y barrios de Culhuacán (Iztapalapa) les están pegando. El pasado
En Iztapalapa la delegada ordenó el desalojo de un predio de más de 7 mil metros cuadrados “Nos ven a los pueblos como monedas de cambio y ahora los partidos vienen por nuestro voto”
21 de diciembre la delegada Dionne Anguiano ordenó el desalojo de un predio de más de siete mil metros cuadrados, que en 2005 fue expropiado por el gobierno del Distrito Federal y entregado por Marcelo Ebrard en persona a la Alianza de Barrios de Culhuacán para ampliar su cementerio vecinal. Sí, resulta que una parte de la lucha por el territorio de los pueblos capitalinos involucra a los muertos. Otro caso en Los Reyes (Coyoacán).
Ángel Ildeberto Flores Molina, portavoz de los Culhuacanes, refiere en entrevista: “La mañana de ese día los tribunales nos habían notificado que ganamos un recurso de queja en el juicio de amparo 11/65. Esa noche, del coraje que le dio a la señora, nos mandó mil policías con grupos de choque. Nos golpearon y nos arrodillaron, que es una gran ofensa. A las mujeres las manosearon. Derribaron un teocalli que habíamos construido. Teníamos piezas prehispánicas que desaparecieron”. Y resume: “Nos pasaron de nativos a invasores”.
La información oficial presentó el hecho como una “recuperación” que se efectuó “sin violencia” en un predio “invadido” por un puñado de personas. Flores Molina agrega que en 2015 la delegada cambió el uso de suelo para permitir allí un salón de fiestas, “pero los 11 pueblos lo impidieron”. Ahora se anuncia que será cementerio civil.
Lotes en vez de elotes
Las presiones de todo tipo han hecho que en muchos pueblos periféricos a la llamada Ciudad de México (CDMX), “en lugar de vender elotes, los compañeros ahora vendan lotes”, ironiza Moisés Reyes, miembro de los Bienes Comunales de San Miguel Ajusco.
Para San Francisco Tlalnepantla la situación es crítica. La autoridad comunal legítima ha desactivado en los meses recientes varios intentos de “asamblea” convocados por dos comisariados anteriores bajo la batuta del delegado de la Procuraduría Agraria (PA) en CDMX, René Francisco Bolio Halloran. La última dentro de las instalaciones de la Marina en Cuemanco.
El pasado martes las autoridades comunales acudieron al Tribunal Unitario Agrario para enterarse que la misma instancia que los había reconocido meses atrás ahora se retractaba. Los impugnadores son Víctor Flores y Jacobo Pineda, antecesores de Raymundo Rojas en el cargo de comisariado y decididos promotores de la base militar de la Armada.
“Cuando estábamos el martes en el tribunal, Víctor Flores se acercó a mi papá y le dijo que se fuera comprando una pistola porque nos van a matar”.
Rojas habla de “desvíos millonarios de recursos para las comunidades, con lo cual cooptan comuneros para sus asambleas apócrifas”. Considera que “el sistema está articulado” para que las cosas sean así. Entre omisiones e imposiciones, las dependencias ambientales agrarias, judiciales, de desarrollo y delegacionales operan en consonancia contra los derechos de los pueblos originarios. “Las instituciones ven a los pueblos como moneda de cambio, y ahora los partidos vienen por nuestro voto”. Apenas ayer viernes Jesús Sebastián Guzmán, vocero de la Asamblea Autónoma de Pueblos de la Cuenca de México, expresaba: “Todos los gobiernos nos han despojado”.
Las dependencias operan en contra los derechos de los pueblos originarios
La paradoja de esta situación es que la defensa territorial que los pueblos hacen por mantener su integridad, significa también una importante protección para la desesperada situación ambiental de la zona metropolitana. Es como si la ciudad quisiera destruir a sus guardianes.