Sistema anticorrupción, un naufragio
l presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, pidió ayer que se culmine la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el cual se encuentra paralizado e incompleto por una manifiesta falta de voluntad política: aunque debió iniciar operaciones desde julio del año pasado, hasta la fecha no hay nombramientos para los juzgados especializados, la fiscalía anticorrupción sigue acéfala, no hay coordinación alguna entre las dependencias e instancias que debieran estar involucradas –la Procuraduría General de la República convertida en Fiscalía, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador–, no se sabe de avances en la constitución de la plataforma digital nacional que permitiría concentrar la información y las homólogas estatales del sistema no han sido ni siquiera legisladas en diversas entidades.
El dirigente empresarial argumentó la urgencia de contar con el SNA con base en el 9 por ciento del PIB que, según el Banco Mundial, se pierde en México debido a la corrupción, esto es, nueve pesos de cada 100 que produce la economía.
La cifra es, sin duda, alarmante y exasperante, pero a estas alturas parece dudoso que el SNA sea el instrumento adecuado para revertirla. Cabe recordar que esa entidad fue establecida en la legislación nacional a raíz de presiones sociales, especialmente del propio empresariado, y ante la serie de revelaciones sobre desvíos, desfalcos y enriquecimientos inexplicables de funcionarios, mismas que han sido una constante en el presente sexenio. Hoy se tiene un conjunto de dependencias y entidades truncas e incompletas que representan una considerable erogación adicional y que han producido, en conjunto, cero resultados. Su única utilidad visible fue reducir la presión de los grandes capitales sobre el gobierno.
Pero el diseño del SNA habría sido innecesario si las dependencias encargadas de fiscalizar la correcta aplicación de los recursos públicos, la probidad de los funcionarios