Organismos y afectados reseñan fallas y vacíos de la protección a periodistas
“Te revictimizan cabrón”, “te tratan como si fuera la Sedesol”, dicen comunicadores
Con una dosis de humor negro, entre ellos se llaman “los correteados”. Son los periodistas que huyeron de amenazas de muerte, secuestros y atentados en sus lugares de origen. Desarraigados, radican en ciudades que les resultan ajenas y a veces hostiles, en condición de refugiados internos, lejos de sus querencias y sus empleos. Casi todos han dejado a un lado su oficio, el periodismo.
Oficialmente acogidos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 16 informadores han sido desplazados en todo el país; más de 10 fueron ubicados en Ciudad de México. Pero, asegura Jan-Albert Hootsen, representante del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) la “cifra negra” debe ser mayor, pues muchos más han huido de las situaciones de riesgo sin reportarse a instancias gubernamentales, sin resguardo alguno.
El mecanismo y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) atienden a cada periodista desplazado en cuanto a alimentación (3 mil pesos semanales en vales para supermercado) y alojamiento, además le asignan una cantidad limitada para transporte. En algunos casos otorgan medidas cautelares (escoltas, cámaras, botón de asistencia). A quienes vienen con familia e hijos pequeños no se les da cobertura para colegiaturas ni útiles escolares. Ni hay fondos para médicos o medicinas. Y esa carencia representa con frecuencia otro factor de riesgo para el desplazado.
Desprotegidos pese al “mecanismo de protección”
El reportero bajacaliforniano Julio Omar Gómez Sánchez, quien publicaba su propio portal, Noticias 911, sobrevivió a tres atentados en un lapso de cuatro meses. Tres veces intentaron incendiar su casa en San José del Cabo, Baja California Sur. En la tercera ocasión había francotiradores apostados afuera. El 29 de marzo mataron a Alfredo Valle, uno de los escoltas asignados, días después de que asesinaron a Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua. Y el 14 de abril fue asesinado en La Paz otro periodista de la península, Maximino Rodríguez, del diario digital Colectivo Pericú, a quien Julio consideraba su mentor y amigo.
Nada raro que Julio Omar ahora sufra trastorno por estrés postraumático y esté en tratamiento siquiátrico. Las terapias son gratuitas, pero los medicamentos son muy costosos. No recibe ayuda para ello. Teme quedarse sin las medicinas que le controlan las crisis de ansiedad, pánico, insomnio o depresión.
El mecanismo tiene asignado un presupuesto de 16 millones de pesos al mes y emplea a 37 funcionarios para atender a este colectivo.
Patricia Mayorga, corresponsal de Proceso en Chihuahua, colega y amiga de Miroslava Breach, también tuvo que desplazarse ante la errática investigación del caso de la periodista de La Jornada.
Mayorga explica que “en el desplazamiento te pasa de todo: enfrentas una catástrofe económica porque pierdes tus ingresos; la familia entera entra en crisis. Te tienes que asumir como víctima, porque eso eres. Llegas a un lugar donde no conoces casi a nadie, con la autoestima bien baja porque, encima, eres periodista de provincia y vienes de un lugar donde la prensa está bien desprestigiada. Y la CEAV te trata como si fuera un programa de Sedesol. Que te proporcionen renta y comida está bien, pero ¿y la dignidad que tenemos como personas, como periodistas?”
Para Gildo Garza, periodista de Ciudad Victoria, Tamaulipas, el desarraigo violento que supone dejar todo de una hora a otra para Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destacó que la situación de los defensores de derechos humanos es uno de los grandes desafíos para el país, ya que plantea situaciones críticas y presenta el reto de derrotar la impunidad existente.
Al participar en el Conversatorio para la construcción de un protocolo de investigación de delitos en contra de las personas defensoras de derechos humanos, organizado por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la perredista Angélica de la Peña, Jarab señaló que salvar la vida resultó “como irse apagando poco a poco. Un día amaneces en un cuarto de hotel en una ciudad ajena, con los niños asustados, dependiendo de ayuda oficial para comer los días siguientes, lampareado como conejo, sabiendo que ningún medio de prensa va a emplearte”.
Gildo era propietario de un diario en Tamaulipas, de los pocos que todavía publicaban notas críticas en ese estado amordazado por las múltiples violencias. Dos veces, en 2012 y 2013, fue secuestrado por el crimen organizado “como advertencia”. La segunda vez fue torturado y estuvo desaparecido cinco días. En 2014 fue asesinado Mario Ricardo Chávez, su socio del diario Ciudadano. “Nos lo entregaron en cachitos. Y me lanzaron una campaña de desprestigio, señalándome a mí como asesino de mi amigo y compañero”.
Aun así persistió. Restructuró en los pasados cinco años ha habido avances en la protección de los defensores, pero pese a la aplicación de políticas públicas, hace falta que las investigaciones y las sanciones correspondan a la situación actual que se vive.
Por su parte, en su tercera visita al país, el relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, informó que en marzo presentará en Ginebra un informe sobre la impunidad que se vive en México y que afecta de manera directa la protección a estas personas.
Explicó que en las ocasiones anteriores que ha estado en México tuvo la oportunidad de reunirse su periódico a un formato digital y lo llamó Cambio. En junio de 2017 se recrudecieron las amenazas y las calumnias en redes sociales. Sólo entonces su nombre se añadió a la lista de periodistas desplazados en México; seis de Tamaulipas en el tiempo que lleva en el cargo el gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca.
Deficiencias en los protocolos mínimos de seguridad
Sobre la protección que recibe del mecanismo y la CEAV, Garza expresa lo que muchos de sus colegas manifiestan en privado. “Nos revictimizan cabrón”. Así se sintió cuando al poco tiempo de haber llegado a Ciudad de México en calidad de refugiado interno, hospedado en un hotel, fue desalojado de la habitación con todo y sus hijos porque la CEAV no había pagado el hospedaje. con más de 800 defensores, quienes le expusieron los problemas que enfrentan en su trabajo y su preocupación por la impunidad existente en los casos de agresiones contra ellos.
En tanto, el quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Édgar Corzo, sostuvo que el protocolo de actuación “es fundamental” y que no se han visto avances en las investigaciones de los delitos cometidos contra los defensores.
Sostuvo que el nivel de impunidad “es muy alto”, pues la falta de investigaciones correctas deriva en la carencia de sentencias. En otra ocasión los dejaron tres días sin depositarles dinero para alimentos.
Luego de muchas llamadas y peticiones, la familia de Garza fue reubicada en un lugar más estable, un departamento en un séptimo piso. Ahí descubrió otra falla en el cumplimiento de los mínimos protocolos de seguridad. “El día del temblor, 19 de septiembre, bajamos todos despavoridos. Y ahí, en plena calle, entre los vecinos que hasta ahora no conocía, identifiqué al menos a 10 familias de desplazados bajo la protección del mecanismo, entre periodistas y defensores. Nos tenían a todos juntos, por si alguien nos quisiera encontrar, no batalle tanto”.
Amenazas al alza: se duplican los casos
Sólo en 2017, según los informes del mecanismo, fueron admitidas 92 solicitudes de acción urgente para proteger a periodistas en el país, el doble de las registradas el año anterior (46). De esas, la mayoría de los ataques (38) provenían de servidores públicos, 31 de particulares y 29 de agresores no identificados. De un total de 81 agresiones, 64 fueron amenazas que el mecanismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación, consideró reales.
Un equipo de relatores especiales para la libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó las fallas y vacíos en las instancias creadas para proteger a comunicadores en riesgo. “Los periodistas desplazados frecuentemente se sienten perdidos –subrayan en un reporte de la visita que realizaron a México entre el 27 de noviembre al 4 de diciembre del año pasado– en lo que parece ser falta de coordinación entre los distintos mecanismos para protección y asistencia a víctimas”.
Después de entrevistarse con varios de ellos, resumen que las medidas de protección “son inadecuadas”. Refieren que las instancias gubernamentales no ponen atención integral “a la situación de salud, necesidades educativas para sus hijos y empleo”.
Omar Bello, periodista desplazado de la Costa Grande de Guerrero, refrenda lo anterior: “Eso es lo más extremo: te desplazas, salvas la vida por el momento, pero, ¿vas a dejar a tus hijos sin escuela, sin seguro social? Pues no. Pero es muy complicado resolverlo. Te absorbe todo tu tiempo y energías. He pedido ayuda a la CEAV, pero me dicen que ellos no tienen contactos ni con la Secretaría de Educación Pública ni con el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Entonces?”