Periodistas perseguidos se aferran al trabajo “porque el exilio es el que mata”
Gildo Garza y Patricia Mayorga relatan cómo tuvieron que huir de sus estados
Lo que quieren es reportear, escribir, publicar y eventualmente regresar a su tierra. En las charlas con los periodistas desplazados, o correteados, como ellos se nombran, estos dos temas se vuelven recurrentes en cada conversación. Algunos consiguen retomar el ejercicio del oficio. Trabajan a distancia, siguen obsesivamente lo que sucede en sus estados. “Eso poco a poco nos permite levantar la cabeza. Porque el exilio y el silencio te matan por una fracción de tiempo”, comenta Gildo Garza, periodista, hijo de periodista y desplazado hace medio año. Otros no lo consiguen. Languidecen. “Nos vamos apagando”.
Con los días y los meses comprenden que si las condiciones que pusieron en riesgo sus vidas no cambian, el periodo de desplazamiento será más largo que lo que pensaban el día que hicieron a toda prisa sus maletas y huyeron.
Pero las condiciones no cambian. El círculo vicioso de la impunidad mantiene encendidas las luces de alarma. Creada hace 10 años, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) no ofrece resultados alentadores en los expedientes que lleva sobre agresiones a la prensa. De 123 casos abiertos por asesinato, de febrero de 2016 a enero de 2017, sólo en tres se lograron sentencias condenatorias. Según hace notar el informe del Comité para la Protección de Periodistas del año pasado titulado Sin excusas, estas condenas nada más se limitan al autor material y nunca se determina el motivo del crimen.
Chihuahua: Corral se desentiende
Patricia Mayorga es corresponsal de Proceso en Chihuahua. Cuenta que cuando estudiaba la carrera de periodismo en la universidad Miroslava Breach “ya era un mito entre los estudiantes por su independencia y por la forma como trataba sus temas”. En las filas reporteriles ambas forjaron un compañerismo cómplice. Por eso no fue nada inusual que cuando Miroslava publicó en La Jornada un reportaje sobre cómo los cárteles que se disputan la sierra Tarahumara –Los Salazar y La Línea– asignaron candidatos a presidentes municipales de la región a sus parientes e integrantes del grupo delictivo tanto en el PRI como en el PAN, Patricia enviara material con el mismo tema a su semanario.
También por eso fue que días después el entonces vocero del PAN estatal Alfredo Piñera, llamó por teléfono a las dos reporteras, con minutos de diferencia, para “reclamarles su imprudencia”, pedirles que revelaran sus fuentes y lo deslindaran a él de la información. El panista grabó las conversaciones que aparecieron guardadas en una computadora que la fiscalía estatal encontró en una de las casas utilizadas por los sicarios que mataron a Miroslava el 23 de marzo de 2017.
Por esa razón Patricia tuvo que abandonar el estado y salir del país. Piñera no es investigado por haber grabado a las periodistas y enviar el material al narco de la sierra, grabacióm que estaba en poder de los autores materiales del crimen. Sólo ha sido citado como testigo. Más aún, el 15 de enero, cuando el gobernador Javier Corral anunció su caravana hacia Ciudad de México, Piñero acudió al mitin en la Plaza Mayor de Chihuahua, confiado en la protección de la que goza.
Ante la evidencia de que el gobierno de Corral se ha desentendido de su situación de riesgo, Mayorga ha decidido no retornar. En Chihuahua han sido asesinados 22 periodistas en los pasados siete años. En el periodo de Corral fue ejecutado un reportero del Grupo Radio Divertido, Adrián Ramírez, quien también escribía para El Heraldo y Omnia. El crimen no está resuelto; el gobernador aseguró que “no tiene relación con su actividad periodística”. Senadores del PT, PAN, PRD, independientes y académicos dijeron que se tienen elementos suficientes para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) considere inconstitucional la Ley de Seguridad Interior. Sin embargo, reconocieron que es complejo que la detenga, porque se necesitan ocho votos en el pleno, incluso consideraron “utópico” que los ministros voten en favor de las impugnaciones presentadas.
Durante un seminario sobre el tema organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México, Manuel Bartlett sostuvo que el Congreso ni siquiera tiene la facultad para legislar sobre seguridad interior,
En 2017 cinco periodistas de Chihuahua se acogieron al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El 2 de febrero se sumó uno más, Héctor González, conductor del Canal 22 de Televisa de Ciudad Juárez, por amenazas del alcalde Armando Cabada.
Además de amenazas de muerte “la hostilidad de Corral contra la prensa que lo critica no ayuda a mejorar nuestra situación. Ya nos metió a todos al costal de los chayoteros, a los dueños de los medios, pero también a los reporteros. Es muy peligroso que la sociedad nos identifique como el enemigo; nos hace más vulnerables”.
Tamaulipas, sin condiciones
Gildo Garza, director del diario digital Cambio, de Ciudad Victoria, también ha explorado la posibilidad por lo que viola la Carta Magna.
Ante las distintas impugnaciones constitucionales que recibió el máximo tribunal del país, señaló que “es utópico pensar en que la Corte” las aprobará. Un ejemplo fueron las controversias por la reforma energética, las cuales no fueron atendidas.
Sostuvo que la política de seguridad del país responde a intereses de Estados Unidos: “Existe el principio de la integración entre ambas naciones, por tanto, la seguridad de aquí es la de allá.”
A su vez, la panista Marcela Torres, sostuvo que no se debe legislar una estrategia que no ha funcionado en el país y que pone en riesgo a los integrantes de las fuerzas armadas y de volver. Incluso la Secretaría de Gobernación procuró un acercamiento entre el periodista y funcionarios tamaulipecos. “Platicamos y el propio secretario de Comunicación Social, Francisco García Juárez, admitió que en Tamaulipas no pueden darme la protección necesaria, ni a mí ni a mi familia”.
En 2016, Tamaulipas fue clasificado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) como una zona “de alta peligrosidad” para ejercer el periodismo. Otros organismos y analistas simplemente le llaman “la zona del silencio”.
Cuando uno ha sido amenazado de muerte varias veces en los recientes años es difícil saber cuándo realmente hay que echar a correr. A Gildo le sucedió a mediados del año pasado, cuando una enésima campaña de insultos y recordó que 44 senadores firmaron una controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior.
También la perredista Angélica de la Peña recalcó que más de 75 por ciento del territorio nacional –28 estados– tiene movilización del Ejército, lo cual no ha reducido la inseguridad. “El año pasado fue el más violento”, recordó.
Por su parte, Alejandro Encinas, el investigador John Ackerman y el director del IIJ, Pedro Salazar, coincidieron en señalar que la legislación representa un riesgo ante la posibilidad de represión, ya que el Presidente no tendría ningún contrapeso ante las decisiones que emita relacionadas con seguridad interior. calumnias se desató en su contra a raíz del asesinato de un preso transgénero vinculado con Los Zetas. Un día recibió un mensaje en el que, con la clásica “te va a llevar la chingada”, lo acusaban de “haber puesto” a Denise. Supo que iba en serio. En una frenética hora corrió a su casa, recogió a su familia y agarró carretera. Cuando sus amigos le llamaron para advertirle que ahora sí la cosa iba en serio, Gildo, con su esposa y niños, ya cruzaba Tamaulipas rumbo al sur.
Dos semanas después el local del periódico fue saqueado. Le robaron 600 mil pesos en equipo. La PGR mandó investigar el robo siete meses después.
“He pensado mucho ¿Quién podría tener interés en hacerme algo? Yo trabajé con el actual gobernador, con su secretario de Gobierno. Con el encargado de oficina del gobernador íbamos juntos a misa. Pero si la amenaza no viene de ahí, viene de otros sectores del propio gobierno.”
Garza ya había sufrido el golpeteo de la “política de plata o plomo” que en ese entonces –el gobierno del priísta Egidio Torres– aplicaba la delincuencia organizada para controlar a la prensa. “El origen de las agresiones no necesariamente eran notas que afectaran al narco. En 2012 publiqué algo sobre el alcalde que controlaba el negocio de la bolita, una especie de lotería local. Me levantaron. Estuve desaparecido una semana. Tiempo después escribí sobre un corte al servicio de agua. Me fueron a buscar al periódico. Me tablearon (golpes en glúteos y espalda). Me fue bien. Fueron los tiempos en los que estallaron un coche bomba en Televisa, arrojaron granadas contra El Mañana de Nuevo Laredo y ametrallaron El Mañana de Reynosa.”
Por los años de “plata o plomo” se refiere a los tiempos cuando los reporteros, indefensos ante el crimen, recibían órdenes del narco y muchas veces, con la anuencia de sus jefes, también recibían sobres “con un apoyito, para lo que se ofrezca”. Hasta que ocurrió que los famosos sobres, que pasaban por muchas manos, no llegaban a su destino. “La Maña hizo sus auditorías y descubrió el desvío de esos sobres. Entonces se suspendió la plata. Sólo quedó el plomo”.
Podía ocurrir, por ejemplo, que sonara un teléfono en la redacción. Una voz no del todo desconocida dictaba una orden: “Vamos a poner una manta. Cúbranla. Si no… ya saben”. O bien un mensaje al celular de algún reportero a las tres de la madrugada: “Lánzate al kilómetro tal de la carretera tal… ahora”.
“¿Cómo rehusar esas órdenes si sabes que vienen de quien vienen? ¿Cómo te proteges? No lo denuncias ante el Ministerio Público, ante la policía, la fiscalía. ¿Para qué, si sabes que todos pueden estar inmiscuidos y te sale el tiro por la culata?”