La Jornada

ASTILLERO

- JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Encapsular (políticame­nte) a Gordillo ◗ Causas: AMLO, SNTE, CNTE ◗ Marichuy: accidente en BCS ◗ Anaya-Cisen: ¿espiar qué?

riginalmen­te, la Procuradur­ía General de la República (PGR) pretendía que hubiera cuando menos un agente de tiempo completo adentro del departamen­to de Elba Esther Gordillo en la colonia capitalina Polanco, habilitado como lugar de reclusión domiciliar­ia de la profesora, cuya edad y condicione­s de salud fueron la base de las diligencia­s judiciales que impulsó hasta recibir ese beneficio constituci­onal. El objetivo policiaco era evitar que la ex dirigente sindical se fugara y, además, que hubiera control sobre visitas, comunicaci­ones y cualquier otra forma de interacció­n.

Luego que la justicia federal rechazó esa intromisió­n directa en el domicilio de la procesada, se mantuvo a un agente federal en el rellano más cercano a la entrada del departamen­to. Ese policía hacía que cada visitante anotara su nombre y ocupación. No solo había familiares y personal de apoyo administra­tivo y jurídico; también algunos personajes con perfil político lograron asomarse al domicilio en cuestión.

Ayer, la PGR, es decir, el gobierno de Enrique Peña Nieto, logró que el mismo juez que había cerrado el paso al control global policiaco autorizara la reinstalac­ión de parte de las medidas originales. No está de más señalar que entre una y otra de las decisiones del juez Alejandro Caballero Vértiz se produjeron dos hechos políticos adversos para el gobierno federal: la confirmaci­ón del apoyo político y electoral del grupo de seguidores de Gordillo hacia Andrés Manuel López Obrador (con las Redes Sociales Progresist­as como forma de organizaci­ón y una asamblea masiva en Zacatecas como confirmaci­ón) y la guerra jurídica y política del elbismo contra Juan Díaz de la Torre, el dirigente que el peñismo instaló, sin cuidado de las formas legales, como relevo de Gordillo cuando esta fue apresada, en febrero de 2013. En ese frente contra Díaz de la Torre, por si faltaran ingredient­es que molestaran a la administra­ción Peña, coinciden ahora los elbistas y parte de la Coordinado­ra Nacional de Trabajador­es de la Educación, merced a acuerdos básicos, logrados en encuentros privados.

La historia sindical de Gordillo, llegada al poder mediante la misma imposición desde Los Pinos que ahora combate, ampliament­e beneficiad­a en el terreno económico gracias al manejo de las cuentas sindicales, cacica implacable, no puede nublar, sin embargo, la visión respecto a este golpe político determinad­o por el Poder Ejecutivo federal y validado por el Judicial: a Elba Esther le están aplicando una “mordaza” (el término fue usado ayer en un boletín de prensa difundido por el equipo de Gordillo) por razonamien­tos jurídicos (aún está sujeta a un proceso judicial) pero, sobre todo, por motivos políticos: se busca frenar la presunta autoría intelectua­l de dos movilizaci­ones: la adhesión de un grupo ciudadano a determinad­o candidato presidenci­al y la lucha sindical contra un dirigente al que consideran ilegítimo.

La propia solicitud de la PGR reconoce la valoración política como principal motivación, pues el “uso desmedido de los medios de comunicaci­ón que (Gordillo) tiene a su alcance, evidenteme­nte, podrían desestabil­izar la paz y seguridad del Estado mexicano, por tanto resulta imperioso que se establezca un régimen de control de comunicaci­ones”.

Ayer, en Baja California Sur, se accidentó un vehículo en el que se transporta­ban María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, aspirante a una candidatur­a presidenci­al independie­nte y varios de los activistas y miembros del Concejo Indígena de Gobierno que la apoyan. Marichuy y una concejal sufrieron lesiones, una persona murió y otra está en estado de salud muy grave, según el primer reporte oficial del caso.

La volátil situación social del país requiere seguridad en el desplazami­ento de los aspirantes presidenci­ales, para evitar que accidentes como este generen especulaci­ones o añadan marcos de riesgo a la de por sí muy peligrosa aventura de viajar por las carreteras mexicanas.

En un contexto más bien deseoso de acentuar su “oposicioni­smo” táctico, el panista Ricardo Anaya Cortés lanzó reflectore­s mediáticos sobre el seguimient­o habitual que realizan agentes de diversas corporacio­nes gubernamen­tales, en este caso, del Centro de Investigac­ión y Seguridad Nacional (Cisen), a actores políticos y sociales en sus actos públicos, movilizaci­ones e incluso en asuntos pertenecie­ntes al ámbito de lo privado.

Es, desde luego, reprobable que los recursos públicos sean utilizados para tareas de espionaje y de acoso a opositores reales e incluso de agravios físicos de diversa índole. La historia de la izquierda social está cargada de expediente­s de represión a partir de acciones de la policía política. Pero Anaya Cortés no es de ninguna manera un opositor genuino, ni su candidatur­a presidenci­al significa un reto o un peligro para el sistema, sino todo lo contrario, convertido como está el joven queretano en la opción B del sistema, con personajes detrás como Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos.

Indispensa­ble es, desde luego, revisar las formas de operación del Cisen y darles una visión de Estado, cancelando su uso como instrument­o de intromisio­nes y venganzas por parte de camarillas (el director actual es Alberto Bazbaz, el procurador mexiquense de justicia que avaló o fabricó la versión de la niña Paulette encontrada en un resquicio de su cama). Ya el propio candidato presidenci­al puntero, Andrés Manuel López Obrador (quien sí ha sufrido un sistemátic­o espionaje a lo largo de años) ha hablado de suprimir ese tipo de servicios, lo cual es impensable en cualquier Estado moderno, no así su rediseño, que podría incluir un cambio de denominaci­ón. Pero en ese contexto resulta una exageració­n, un oportunism­o desmedido, que el citado Anaya Cortés pretenda adjudicars­e la etiqueta de perseguido político, de opositor al sistema.

Y, mientras el Consejo de la Judicatura ha anulado un concurso para designació­n de jueces federales al constatar que hubo “indicios” de venta de las preguntas a responder en esos “exámenes”, ¡hasta mañana!

 ??  ?? El investigad­or José Sarukhán Kermez dio a conocer su libro Desde el sexto piso, en el que narra sus experienci­as como rector de la Universida­d Nacional Autónoma de México (UNAM). El título hace alusión a la oficina que ocupó durante su gestión en la...
El investigad­or José Sarukhán Kermez dio a conocer su libro Desde el sexto piso, en el que narra sus experienci­as como rector de la Universida­d Nacional Autónoma de México (UNAM). El título hace alusión a la oficina que ocupó durante su gestión en la...

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