Reforma en materia de justicia cotidiana debe incluir depuración de abogados
Procesos expeditos, principal demanda de especialistas
Por actos de corrupción, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) resolvió anular el 28 Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito, “debido a que conoció un informe del director del Instituto de la Judicatura Federal respecto de la obtención ilegal de algunos reactivos aplicados” en la prueba.
El órgano del Poder Judicial de la Federación dio a conocer que al detectar estas irregularidades y que se habría “comprometido la transparencia y confiabilidad del mencionado concurso, el pleno de este cuerpo colegiado comenzó una investigación cuyos resultados preliminares” llevaron a la cancelación del concurso.
El CJF informó que “derivado del mencionado informe, podría haber indicios de un lucro con los reactivos sustraídos ilegalmente, por lo que actuará con toda contundencia y llegará hasta las últimas consecuencias”.
En un breve comunicado de prensa, el CJF señaló que hizo público este hecho por estar comprometido con la transparencia y para dejar constancia de que no será omiso ante posibles conductas ilegales.
De un total de 2 mil 602 concursantes, el CJF ya había seleccionado a 91 candidatos para examinarse en una segunda etapa el pasado 6 de febrero, la cual se llevó a cabo. Entre sus múltiples pendientes el Senado de la República debe aprobar la ley reglamentaria de la reforma constitucional en materia de justicia cotidiana; el plazo vence en un mes, por lo que presidentes de asociaciones y colegios de abogados, así como magistrados, exigieron concretar esa nueva legislación.
Durante el foro Los nuevos desafíos para el efectivo acceso a la justicia, organizado por la senadora del PRI, Yolanda de la Torre, los ponentes coincidieron en que se requiere crear un código nacional civil y familiar que homologue los procedimientos en todo el país y permita agilizar juicios, reducir los plazos para la ejecución de sentencias, incorporar nuevas tecnologías y preservar los derechos de las víctimas.
Por su parte, el presidente de la Barra Mexicana de Abogados, Mario Marroquín, pidió que en la legislación se incluyan procedimientos de certificación obligatoria y un estándar ético para quienes ejercen la abogacía. “Tenemos que decantar a los malos abogados.
“Debe elaborarse una reforma que permita incorporar el principio de la justicia cotidiana a través de procesos más ejecutivos, expeditos, simplificados y con fórmulas que favorezcan un mejor cumplimiento de sentencias”, agregó.
A su vez, el presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, Alfonso Pérez-Cuéllar, dijo que se debe generar un producto legislativo que establezca procesos más rápidos, con verdadero acceso a la justicia, capaces de generar paz social y resarcir los mecanismos de tensión que tiene la gente.
La legislación debe ser elaborada bajo el marco de la defensa, protección y expansión de los derechos humanos, así como construir esquemas de inclusión e igualdad de los grupos más vulnerables del país.
En su turno, el magistrado del Tribunal Superior de Ciudad de México, Antonio Muñoz Cano, planteó la necesidad de que los involucrados en un juicio rindan sus pruebas de manera oral directamente al juez y no a través de sus abogados.
El senador Ernesto Cordero hizo notar que se debe concretar la legislación única en materia civil y familiar, reglamentaria de la reforma constitucional en materia de justicia cotidiana, para cerrar el esfuerzo realizado en los últimos dos años en esa cámara, a fin de transformar las instituciones de justicia y lograr que ésta sea pronta y expedita.