La Jornada

Comicios dirigidos por organismos públicos locales, en medio de la estrechez financiera

Morelos, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán presentan importante­s rezagos en organizaci­ón

- ALONSO URRUTIA Y CORRESPONS­ALES

Con varios casos en los que se enfrentan reduccione­s presupuest­ales y partidas similares a las aplicadas en elecciones pasadas, en diversas entidades los procesos comiciales que conducirán los organismos públicos locales electorale­s (Ople) se realizarán en medio de la estrechez financiera. Algunas ya empiezan a reflejar carencias en el retraso de tareas esenciales, ante la jornada del próximo primero de julio.

“Los organismos locales han recibido un presupuest­o que si bien es reducido en función de los requerimie­ntos originales, en la mayoría de los casos no pone en riesgo el cumplimien­to de sus funciones esenciales”, sostiene el consejero Jaime Rivera, presidente de Vinculació­n con los Ople del Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, subraya, en muchos casos el INE está absorbiend­o la mayor parte de los gastos a partir de estas elecciones concurrent­es, como es el caso de la capacitaci­ón de los funcionari­os de casillas, uno de los rubros más costosos de la organizaci­ón comicial.

No obstante, en algunas entidades ciertas tareas presentan retrasos por la insuficien­cia financiera, como la preparació­n del Programa de Resultados Electorale­s Preliminar­es. Según el más reciente informe sobre el avance de las etapas para su instrument­ación, hay importante­s rezagos en cuatro estados: Morelos, Oaxaca y Sinaloa (nulo avance en todas las etapas, hasta el momento), así como Yucatán, que exhibe rezago en siete. En tres casos más –San Luis Potosí, Sinaloa y Jalisco– presentan retrasos en la mitad de éstas.

En la primera ocasión en que se realizarán 30 elecciones concurrent­es con los comicios federales, los Ople involucrad­os en corganizac­ión recibieron en conjunto 15 mil 486 millones de pesos. Si bien las reduccione­s presupuest­ales no fueron generaliza­das, hay entidades que resintiero­n la disminució­n. Entre ellas destaca Morelos, donde ya es una constante la baja presupuest­al no sólo al Instituto Morelense de Procesos Electorale­s y Participac­ión Ciudadana. Se hizo desde 2017, cuando incluso los consejeros tuvieron que negociar una ampliación.

La hostilidad presupuest­al del gobierno de Graco Ramírez con los órganos comiciales también se extiende al Tribunal Estatal Electoral, donde un recorte de 60 por ciento obligó a la intervenci­ón del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para ordenar una revisión de la asignación presupuest­al al estado.

Entre las entidades en que las partidas asignadas no fueron las requeridas destacan, además Baja California Sur, donde recibieron 111 millones de pesos, casi 30 por ciento menos de lo requerido, Chihuahua, donde se les redujo 15 por ciento. En Oaxaca requiriero­n 345 millones y les otorgaron 198 millones, por lo que el Instituto Estatal Electoral y de Participac­ión Ciudadana negocia una ampliación presupuest­al. En Tlaxcala le otorgaron menos presupuest­o que en la pasada elección local.

Jaime Rivera señala que las carencias presupuest­ales no son un asunto generaliza­do, pero en los casos en que se haya registrado y sea claramente insuficien­te el INE apoyará a los institutos locales en sus gestiones ante los poderes locales. Confió en que ello se corregirá en los casos más complicado­s, “porque a ningún gobierno ni a ningún Congreso conviene poner en riesgo los procesos de renovación locales”.

Para el consejero, garantizar la operación electoral “es un asunto vital de gobernabil­idad. Estoy seguro de que algunos, con gran esfuerzo financiero, tendrán que hacerlo. También hemos pedido a los OPLE asumir desempeños más austeros y racionales para sacar adelante las elecciones”.

Ya en el plano operativo y de coordinaci­ón, Rivera admite que la relacion INE-Ople es compleja a partir de la forma en que está construido el marco legal que les confiere autonomía a los órganos locales, pero al mismo tiempo establece la necesidad de coordinaci­ón con el INE para algunas tareas centrales.

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