Dreamers deben insistir en la presión política y judicial, aconseja académico
Poco efectivo, el cabildeo en EU del gobierno mexicano
Luego de que el Congreso de Estados Unidos no logró ningún acuerdo que permita a los dreamers legalizar su estancia en ese país, el internacionalista Eduardo Rosales, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que a esta población indocumentada no le queda otro camino que seguir presionando por la vía judicial y política, así como con la movilización social para resolver su situación.
Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con realizar deportaciones masivas de soñadores, estimó probable que ello no ocurra debido a los múltiples problemas que enfrenta el mandatario, entre ellos el Rusiagate y los escándalos sexuales.
A ello se suma el hecho de que en noviembre próximo habrá elecciones intermediarias y los republicanos temen perder el control del Congreso. Seguramente los asesores de Trump ya le advirtieron que emprender deportaciones masivas de dreamers puede traer costos políticos, subrayó el académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM.
Explicó que, además, la deportación masiva requiere de muchos recursos económicos y la colaboración de todos los estados y ciudades, algo que no están dispuestas a hacer algunas autoridades locales, explicó Rosales.
El internacionalista también calificó de poco efectivo el cabildeo que ha emprendido el gobierno mexicano entre congresistas y autoridades estadunidenses para resolver el tema de los soñadores. “Veo con más resultados” la actuación de los empresarios estadunidenses, quienes han presionado a Trump para que, entre otras cosas, no se salga de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Asimismo, consideró limitadas las alternativas educativas y laborales que México ofrece a los jóvenes indocumentados y aseguró que no hay posibilidades de que tengan salarios como los que ganan en Estados Unidos.
El catedrático se refirió por último a la entrevista entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Trump y sostuvo que se trata de una medida tardía y un tropiezo más en la política exterior.