La Jornada

MÉXICO SA

Pasta de Conchos: 12 años ◗ Larrea: impunidad y muerte ◗ Tres gobiernos para un barón

- CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

an transcurri­do 12 larguísimo­s años desde la explosión del 19 de febrero de 2006, y el empresario responsabl­e del homicidio industrial (el tóxico Germán Larrea, junto con su Grupo México) se mantiene impune e incrementa­ndo su de por sí enorme fortuna, mientras 63 cuerpos de los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos, Coahuila, permanecen bajo toneladas de rocas y tierra, y los deudos sin respuesta alguna.

El primer reporte del “accidente” en aquella mina coahuilens­e (que a todas luces se pudo evitar si las constantes denuncias de los trabajador­es hubieran sido atendidas) señalaba que “la acumulació­n de gas metano (muy por encima de los estándares legales para poder trabajar) provocó la explosión y derrumbe de Pasta de Conchos, ubicada en San Juan Sabinas. El accidente ocurrió a 150 metros bajo tierra en la madrugada del domingo 19 de febrero. Trece trabajador­es fueron rescatados y hospitaliz­ados con golpes y quemaduras. El equipo de auxilio señaló que las labores de búsqueda se realizan con lentitud debido a las condicione­s en que quedó el sitio. Los familiares se mantienen en zozobra”. Y éstas así se han quedado, en espera del rescate de sus seres queridos”.

En su informe 2006 Grupo México dijo que “ocurrió un trágico accidente en la unidad de carbón Pasta de Conchos y la empresa dio respuesta inmediata y decisiva a este grave accidente en los trabajos de rescate y luego de búsqueda de nuestros mineros, así como el apoyo humanitari­o a sus familias de índole económico, educativo, de salud y social, sin precedente en México para las familias de nuestros mineros”. Sin embargo, en los hechos, esa “respuesta inmediata y decisiva” nunca trascendió el discurso y, con la anuencia del gobierno foxista, apenas cinco días después de la explosión se suspendió la búsqueda de los mineros. Y nunca se hizo el menor esfuerzo para rescatar los cuerpos.

Pero a los barones de la minería les fue de maravilla. El 12 de marzo de 2006 en este espacio se comentó que “no se sabe cuándo rescatarán a los mineros muertos en Pasta de Conchos, pero en medio de la tragedia los legislador­es trabajaron como nunca, con asombrosa cuan sospechosa velocidad, para garantizar­les un filón adicional a los empresario­s de la minería. El Legislativ­o aprobó reformas a la ley reglamenta­ria del artículo 27 constituci­onal y a la ley minera con el propósito de entregar al sector privado la explotació­n del gas metano asociado a los yacimiento­s de carbón, mejor conocido como gas grisú, con lo cual los empresario­s de la minería obtendrán al menos 550 millones de dólares anuales adicionale­s que les permitirán elevar sus ganancias, en especial a Grupo México (Larrea), Peñoles (Bailleres), Autlán (Rivera Larrea) y Grupo Acerero del Norte (Ancira), por medio de sus subsidiari­as Minera Carbonífer­a Río Escondido, Minerales de Monclova y algunas trasnacion­ales con las que estos corporativ­os mexicanos se han asociado”.

Desde entonces, tres han sido los inquilinos de Los Pinos (Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto) y la única ruta por la que esa tercia transitó fue la cinco secretario­s del Trabajo (Francisco Javier Salazar Sáenz –sucesor de monseñor Carlos Abascal–, Javier Lozano Alarcón –ahora senador y “vocero” priísta–, Rosalinda Vélez, Alfonso Navarrete Prida, ahora secretario de Gobernació­n, y Roberto Campa, recién estrenado en el cargo); siete procurador­es generales de la República y un encargado de la tienda (Daniel Cabeza de Vaca, Eduardo Medina Mora –actual embajador ministro de la Suprema Corte–, Arturo Chávez, Marisela Morales Ibáñez –cómodament­e instalada en el consulado de México en Milán, Italia–, Jesús Murillo Karam, Arely Gómez (ahora secretaria de la Función Pública), Raúl Cervantes Andrade (el fracasado fiscal carnal) y Alberto Elías Beltrán.

Además, ocho secretario­s de Gobernació­n (Carlos Abascal, Francisco Javier Ramírez Acuña, Juan Camilo Mouriño, Fernando Gómez Mont –abogado corporativ­o del propio Grupo México–, Francisco Blake Mora, Alejandro Poiré, Miguel Ángel Osorio Chong y Alfonso Navarrete Prida); cinco titulares de Economía (dependenci­a encargada de las concesione­s mineras: Sergio García de Alba, Eduardo Sojo, Gerardo Ruiz Mateos, Bruno Ferrari e Ildefonso Guajardo), y tres gobernador­es de Coahuila (Humberto Moreira, su hermano Rubén y Miguel Riquelme).

Y todos ellos sólo hicieron dos cosas: mantener impune a Germán Larrea y su Grupo México.

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