ACTO DE JUSTICIA, LA POSTULACIÓN DE GÓMEZ URRUTIA ESCAÑO PLURINOMINAL EN EL SENADO PARA UN
Es un acto de justicia la postulación del líder minero Napoleón Gómez Urrutia para ocupar un escaño plurinominal en el Senado de la República por el partido Morena.
Son ya 12 años de una insana y cobarde persecución política y económica a la que fue sometido Gómez Urrutia, orquestada por un grupo de bandidos de la industria minera, quienes se coludieron con los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, inventándole cargos penales para encarcelarlo por sentirlo incómodo para sus intereses.
Y precisamente con la explosión en la mina 8 de Pasta de Conchos, Coahuila, en la que perdieron la vida 65 mineros el 19 de febrero de 2006, es que Germán Feliciano Larrea Mota Velasco –principal accionista de Grupo México y a la sazón tesorero de la Fundación Vamos México de Marta Sahagún de Fox– inicia su feroz cacería contra Gómez Urrutia por haberlo culpado del siniestro en el referido socavón al que calificó el líder minero como de un homicidio industrial.
Al unísono, las fuerzas coercitivas del Estado mexicano, a la voz de Vicente Fox, azuzado por la señora Sahagún, con saña se lanzaron tras la figura de líder de los mineros mexicanos. Fue demasiado tarde, Gómez Urrutia ya estaba en el extranjero. Sin embargo, de inmediato se le abrieron 11 expedientes en 11 diversos estados del país, todos por el mismo delito: “disposición indebida de 55 millones de dólares”, dinero que había sido pagado por Feliciano Larrea tras varios años de litigio, o sea 5 por ciento que tenía que realizar al sindicato por la compra de Minera de Cananea y Buenavista del Cobre, privatizadas por Carlos Salinas de Gortari.
Apenas hace tres días, 19 de febrero, como hace 12 precisos años del homicidio industrial de Pasta de Conchos, las mentiras vertidas por Grupo México, Larrea y el gobierno foxista en 2006, volvieron a ser recicladas en decenas de espacios de comunicación, como si en México no tuvieran valor las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dictaminó como de inocente al líder minero al desechar las 11 denuncias en su contra. constancia y denuncia ante las autoridades penales y de la Dirección General de Servicios Educativos de Iztapalapa (DGSEI), pero ninguna instancia ha tomado medidas al respecto.
Además, Guadalupe Adriana llevó una caja de ahorro, lo cual está prohibido, dinero que entregó los últimos días laborables de diciembre. ¿Por qué la autoridad permite este tipo de situaciones?
Por lo anterior, demandamos a las autoridades educativas y penales responsables que actúen en el marco de la ley y resuelvan satisfactoriamente este problema que cada día se complica más, ya que los responsables pretenden pasar de acusados a víctimas y argumentan que se les están vulnerando sus derechos humanos, lo cual es totalmente falso.