Ayotzinapa y la ley de seguridad, los temas que analizará la CIDH
Funcionarios comparecen en audiencias públicas
La aprobación de la Ley de Seguridad Interior y los avances en las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, serán parte de la agenda de temas en el 167 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las actividades comenzaron ayer en Bogotá, Colombia, y será a partir del lunes y hasta el viernes cuando se desarrollen las audiencias públicas con diversos temas de violación a las garantías fundamentales en varios países del continente, entre ellos México.
En su último día de sesiones, el viernes 2 de marzo, corresponderá al Estado mexicano y a representantes de las organizaciones de la sociedad civil comparecer ante los comisionados del organismo continental para exponer sus argumentos en torno a los dos temas que abordarán.
El primero es la audiencia de oficio sobre el mecanismo de seguimiento de la CIDH por el caso Ayotzinapa, y el otro punto es la Ley de Seguridad Interior, a petición de organizaciones y colectivos como #SeguridadSinGuerra, los Centros de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Miguel Agustín Pro Juárez, Servicios y Asesoría para La Paz, entre otros.
En el caso Ayotzinapa los representantes del Estado mexicano deberán presentar los avances en las indagatorias que a la fecha no han tenido conclusiones satisfactorias para los familiares de las víctimas.
Sobre la Ley de Seguridad Interior, integrantes de las organizaciones civiles y especialistas expondrán los riesgos que representa esta normativa para la vigencia y garantía de los derechos humanos al legalizar la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Esta ley generó gran rechazo entre prácticamente todos los actores nacionales e internacionales de la sociedad civil, al igual que por organismos nacionales. a esta grave crisis. Ha buscado maquillar, promover su imagen y no mostrar un compromiso con los derechos humanos.”
Cavallaro, actualmente académico de la Universidad de Stanford, recordó que en 2016 la CIDH presentó un informe en el que manifestaba y documentaba su preocupación por la grave situación que enfrentaba el país. Y contrario a aceptarlo y reconocerlo, agregó, funcionarios federales, entre ellos el entonces titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lo negaron y desestimaron la invetsigación. Hoy, dos años después, “la situación ha empeorado”, como lo muestra el informe.
El balance de AI documenta que el año pasado fue el más violento en tiempos recientes, con más de 46 mil homicidios, la cifra de desaparecidos supera los 34 mil (según números oficiales), los casos de tortura son miles y sólo hay 10 condenas por ese delito, además que hay cientos de miles de personas desplazadas por la violencia.
“Frente a esta grave crisis, las organizaciones de la sociedad civil y los activistas estamos dispuestos a colaborar, pero el primer paso es el reconocimiento honesto del Estado mexicano de la grave crisis en la materia, y partir de esta realidad para diseñar políticas congruentes (...) Sin embargo, el Estado usa retórica, insiste en la imagen y no en la realidad; así no vamos a avanzar, y el año que viene será peor que el presentado en este informe”, subrayó el ex presidente de la CIDH.