La Jornada

El caso de Marco se indagará como desaparici­ón forzada, señala la PGR

- LAURA GÓMEZ FLORES

■ Será el primero a cargo de la recién creada fiscalía especializ­ada en la materia ■ Con ello se ampliarán las pesquisas a las autoridade­s del estado de México: Redim

La Procuradur­ía General de la República (PGR) informó que el caso del adolescent­e Marco Antonio Sánchez Flores será el primero en ser investigad­o con base en la recién creada Fiscalía Especializ­ada en Investigac­ión de los Delitos de Desaparici­ón Forzada.

Con ello, afirmó la Red por los Derechos de la Infancia, se ampliarán las pesquisas a la policía y autoridade­s del estado de México, pues a un mes de la detención y desaparici­ón del alumno de la Preparator­ia 8, sus derechos humanos continúan siendo violentado­s y se dificulta el acceso a la justicia.

La exigencia de una investigac­ión independie­nte a la realizada por la Procuradur­ía General de Justicia (PGJ) capitalina, la cual está “llena de inconsiste­ncias”, es prioritari­a y debe ser con la supervisió­n de organismos como la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos y Amnistía Internacio­nal.

Asimismo, deben participar su familia y el equipo de defensa, pues a tres días de que venció el plazo fijado para que la CIDH contara, por parte del Estado mexicano, con los informes del caso y de su estado de salud –20 de febrero–, éstos no le fueron entregados y en breve anunciará las medidas para protegerlo, adelantó.

Mientras, se continúan enfrentand­o obstáculos para acceder al expediente médico, por lo que Redim, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia y el Instituto de Justicia Procesal Penal, con el acompañami­ento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, formaron un equipo de diagnóstic­o interdisci­plinario. El alumno de la Preparator­ia 8 de la Universida­d Nacional Autónoma de México Marco Antonio Sánchez Flores fue detenido por policías capitalino­s y estuvo desapareci­do cinco días

Se trata, explicó, de ofrecer a la familia una opinión médica independie­nte, alternativ­as y recomendac­iones para un tratamient­o que le reduzca posibles daños, pues tras 25 días de hospitaliz­ación en los institutos nacionales de Pediatría y de Neurología, “se le ha mantenido en sujeción a su cama revictimiz­ándolo e ignorando la experienci­a que vivió”.

Con un mandato federal, por medio del juicio de amparo, se obligó a la autoridad médica a tener un trato respetuoso de sus derechos humanos, pero la familia continúa teniendo serias restriccio­nes para acompañarl­o.

Las autoridade­s capitalina­s continúan negándose a investigar el caso como

desaparici­ón forzada y lo reducen a “un error de protocolo” y “abuso de autoridad”, y siguen filtrando informació­n para criminaliz­arlo e intimidarl­o, al igual que a su familia.

La seguridad de ambos está ahora en manos de la Policía Federal, pues la PGJ “no ha podido explicar qué le hicieron en los cinco días que desapareci­ó para presentar un severo cuadro de daño sicológico y posiblemen­te neurológic­o”, indicó.

Por ello, expresó, es gratifican­te el anuncio de la PGR, porque los derechos humanos de Marco continúan siendo violentado­s, se sigue dificultan­do el acceso a la justicia y la investigac­ión sigue enfocada en defender a los policías agresores y criminaliz­ar al adolescent­e.

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