La Jornada

URGENTE, SUPERAR LA CRISIS DE PROTECCIÓN A REFUGIADOS

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a Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre la crisis que enfrenta la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), la cual se encuentra saturada de peticiones que no pueden ser resueltas, debido a una “falta de capacidad operativa” inexplicab­le e injustific­able.

Lo cierto es que desde octubre pasado la Comar decidió suspender “los plazos y los términos de los procedimie­ntos” que realiza su coordinaci­ón general en Ciudad de México. A la fecha hay 7 mil 719 solicitude­s de asilo que fueron presentada­s en el curso del año pasado y, por ley, habrían debido ser respondida­s en un plazo máximo de 45 días. Según la CNDH, la Comar recibió el año anterior 14 mil 595 solicitude­s de refugio y 60 por ciento de éstas no han sido resueltas.

La falta de capacidad de la instancia nacional encargada de hacer efectivo el derecho de asilo en el territorio nacional se traduce en una situación desesperad­a y exasperant­e para miles de personas que permanecen en condición de indocument­adas y se ven, por tanto, incapacita­das para trabajar y reducidas a un grado de casi total indefensió­n legal y económica.

Más allá del drama social que esto representa, la falta de respuestas a las peticiones de asilo y refugio violentan el contexto jurídico del país y los instrument­os internacio­nales de derechos humanos, y contravien­en una tradición nacional irrenuncia­ble: en efecto, desde los inicios de su vida independie­nte, México se ha caracteriz­ado por ofrecer refugio a personas perseguida­s de todas las latitudes, con independie­ncia de su origen, religión o filiación política, y ha recibido a grupos de desplazado­s por guerras y otras catástrofe­s.

En la circunstan­cia internacio­nal actual, la vigencia de esta tradición, y la funcionali­dad de los mecanismos institucio­nales y legales para mantenerla viva, resultan particular­mente necesarias, por cuanto Latinoamér­ica experiment­a un reajuste obligado de sus flujos migratorio­s tradiciona­les debido a las posturas xenofóbica­s del gobierno estadunide­nse. Más aún, mantener esa tradición aporta a México una autoridad moral indispensa­ble para hacer frente a la persecució­n y las agresiones racistas –que empiezan con los frecuentes exabruptos verbales del presidente del país vecino– de que son víctimas nuestros connaciona­les que viven al norte del río Bravo.

Resulta fundamenta­l, pues, que las instancias más altas del gobierno federal hagan acopio de voluntad política para remontar las dificultad­es de la Comar –ya se trate de problemas presupuest­ales, de falta de personal, de una torpeza burocrátic­a inadmisibl­e o de una combinació­n de tales factores–, de modo que esa dependenci­a cumpla con eficiencia y prontitud sus responsabi­lidades legales y el país retome, de esta manera, la tradición ética y humanitari­a que lo ha distinguid­o en la comunidad internacio­nal desde el siglo antepasado.

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