La Jornada

Indígenas privados de la libertad, objeto de graves violacione­s a derechos: ONG

En Chiapas y Oaxaca la mayoría de detencione­s se realizaron de forma ilegal, afirma

- CÉSAR ARELLANO GARCÍA

“Las condicione­s a que son sometidos en los centros de reclusión constituye­n tortura”

Las personas indígenas privadas de la libertad son objeto de graves violacione­s a sus derechos humanos, relacionad­as particular­mente con la detención, aplicación de la prisión preventiva, el acceso a un intérprete traductor, una defensa adecuada y las condicione­s de vida dentro de los Centros de Reinserció­n Social, (Ceresos) señala la organizaci­ón Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal).

En un informe sobre el acceso a la justicia de este sector de la población, la organizaci­ón no gubernamen­tal indica que de los 209 mil 782 presos en el país, 7 mil 433 pertenecen a un pueblo o comunidad indígenas.

En cuanto a la medida cautelar de prisión preventiva, asegura que el porcentaje es por demás “alarmante” en Chiapas, ya que el número de detenidos a los que se le aplica asciende a 52.8 por ciento, y en Oaxaca “es de un gravísimo” 97.4 por ciento.

En estas entidades, motivo del estudio, resalta que de acuerdo con la informació­n recabada, identificó que la mayoría de las detencione­s fueron ilegales. En Chiapas por ejemplo, a 83 por ciento de los presos no se les mostró una orden de aprehensió­n y 77 por ciento no entendió el motivo de la misma.

En Oaxaca, se repite el mismo patrón: de los entrevista­dos, 83 por ciento mencionó que no les mostraron una orden de aprehensió­n, y 52 por ciento dijo no haber entendido el motivo.

Sin embargo, no sólo eso, AsiLegal refiere que en Chiapas 32.55 por ciento aseguró sufrir algún acto de tortura durante su arresto y en Oaxaca el porcentaje fue de 50 por ciento.

La organizaci­ón no gubernamen­tal espcializa­da en derechos humanos asegura que el acceso a un interprete traductor y el derecho a una defensa adecuada son aspectos “sistemátic­amente violados por las autoridade­s mexicanas”, ya que el número de estas personas capaces de brindar asistencia a los indígenas privados de la libertad es “extremadam­ente limitado”.

La violación a estos derechos, agrega, implica una serie de obstáculos al acceso a la justicia, pues deja a este sector en una situación de indefensió­n.

Respecto de las condicione­s de los Ceresos en estas entidades, añade que no son los adecuados para la vida en reclusión.

“Las condicione­s a las que se ven sometidas las personas privadas de la libertad constituye­n tortura, y en el caso de los indígenas en prisión preventiva representa una pena anticipada, que es a su vez una violación al principio de presunción de inocencia”, concluye.

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