Revoca juez amparo a empresario ligado a firma fantasma señalada en caso Anaya
Abre posibilidad a la PGR de judicializar el tema de Manuel Barreiro por lavado de dinero
El amparo conseguido por el empresario Manuel Barreiro, quien presuntamente orquestó una red de empresas fachada con la que compró un inmueble por una suma millonaria al candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, fue revocado por un juez, lo que abre la posibilidad de que la Procuraduría General de la República (PGR) judicialice el caso por probable lavado de dinero.
El juzgado décimo de distrito de amparo en materia penal, con sede en Ciudad de México, expuso que anuló el recurso porque
También niega recursos solicitados por otros cuatro personajes relacionados con el asunto
desde el 21 de febrero, tanto el empresario queretano como otros involucrados tenían acceso a la carpeta de investigación.
En la medida relacionada con el amparo número 121/2018 también se negó el recurso promovido por la esposa de Barreiro, Ana Paula Ugalde Herrera, así como a Juan Carlos Reyes García, quien aparece como propietario de Manhattan Master Plan Development, empresa que compró la nave industrial al candidato panista en 54 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, Reyes García es prestanombres de Barreiro, por lo que este último sería el propietario real de la firma que apareció en la lista definitiva de empresas fantasma difundida esta semana por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El viernes pasado fueron cateadas por la PGR dos oficinas vinculadas con Juan Carlos Reyes García en Querétaro.
“Se niega la suspensión definitiva a Manuel Barreiro Castañeda, Juan Pablo Olea Villanueva, Ana Paula Ugalde Herrera, Sergio Reyes García y Juan Carlos Reyes García contra las autoridades y acto precisado en los considerandos segundo y tercero por los motivos ahí expuestos”, indica la sentencia interlocutoria.
El recurso legal fue promovido por Barreiro luego de que fue localizado en Canadá. Sin embargo, impedía que se enviara el caso a un juez, ya que reclamó que la PGR, por medio de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, no respondió a la solicitud que hizo para conocer el estatus de las carpetas de investigación del caso.