Preocupa a comunidades de CDMX la defensa del territorio y fuentes de agua
Autoridades pretenden imponer obras sin consultar a pueblos indígenas
La defensa del territorio y de las fuentes de agua está en el fondo de las preocupaciones comunitarias en la región indígena de Ciudad de México (CDMX). Sean el tren interurbano Toluca-CDMX sobre comunidades de Cuajimalpa, una gasolinera ilegal en Ajusco, una base de la Marina en Xochimilco o la urbanización brutal de Magdalena Contreras, las autoridades federales y capitalinas intentan imponer obras y desarrollos sin consultar a los pobladores.
La Constitución federal les reconoce derechos que son violados por la nueva Constitución local, misma que impugnan. En primer lugar porque antepone la propiedad y los intereses privados a la propiedad comunal y ancestral, aun cuando esté plenamente demostrada.
“Su Constitución ‘de avanzada’ es ilegítima e ilegal”, ironiza Sebastián Guzmán, de Culhuacán. Recuerda que esto fue demostrado a las expertas de la Organización de las Naciones Unidas en su reciente visita al país. “Ellas vieron que no es ‘la mejor Constitución del mundo’, como les quiso hacer creer el gobierno de CDMX”.
La Asamblea Autónoma de Pueblos de la Cuenca de México (AAPCM) se reúne este sábado en los bosques que sobreviven en San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa, en el Valle de las Monjas, cerca del Desierto de los Leones, un área todavía de uso turístico familiar y de conservación boscosa. Para llegar, uno pasa debajo de monumentales estructuras de concreto a medio terminar, erigidas sobre los caminos y campos. La obra se encuentra detenida, pero ya avanzó lo suficiente para hacer sentir insectos a quienes viven o transitan por aquí.
En asamblea autónoma desconocen la legitimidad de la nueva Constitución capitalina
Tren interurbano, un ecocidio
“El tren interurbano es un ecocidio”, expresa Miguel García Morales, representante de San Lorenzo Acopilco, también Cuajimalpa. “Provocará la pérdida, entre otras cosas, de siete manantiales de agua. La comunidad no ha dado su autorización, pero un grupo de traidores hizo acuerdos con el gobierno como si fueran legítimos”. Su postura de resistencia le ha costado agresiones a Miguel. En el rostro conserva las huellas de la última golpiza, propinada por los grupos que favorecen la obra sobre tierras comunales.
“Hacen creer que es un proyecto sólo del estado de México. Ante nuestra impugnación, el delegado de Cuajimalpa y el gobierno de (Miguel Ángel) Mancera pretenden deslindarse como si no fuera cosa de ellos, lo cual es falso”, añade delante de un centenar de representantes comunitarios y ejidales, y miembros uniformados de las brigadas de conservación ambiental de Ajusco, así como de Milpa Alta.
La organización autónoma de los pueblos originarios de CDMX se ha convertido en un desafío para el gobierno capitalino, la Asamblea Legislativa, las procuradurías federales y los candidatos a gobernar la entidad.
En primer lugar, porque los indígenas no otorgan legitimidad a la Constitución de CDMX, promulgada sin consultar a los pueblos originarios, no obstante que poseen más de la mitad del suelo capitalino, en buena medida campos de cultivo, bosques, reservas o poblados. Además, resisten proyectos y desarrollos que implican despojo y grave daño ambiental en una entidad que ya no puede permitírselo más.
Juan Esparza, representante de Tlaltenango, el pueblo anfitrión, precisa que “no hay acuerdo” para el tren interurbano. “Está a cargo de Del Mazo papá (en referencia a Alfredo del Mazo, padre del actual mandatario mexiquense). Metimos una demanda de amparo y obtuvimos la suspensión de plano y obra, pero es el interés del Presidente, así que el juzgado no respeta su propia determinación”.
Teme que la obra no pueda detenerse, “aunque tengamos títulos primordiales o escrituras”. Como describe otro comunero, se trata de “un negocio familiar del círculo de Enrique Peña Nieto”. La suspensión se antoja frágil, aun con un amparo reciente (55/2018), pues el gobierno promovió una queja que presiona al juez.
Moisés Reyes, de Ajusco, refiere que la Procuraduría Agraria, por conducto de su delegado René Francisco Bolio, promueve la instalación de una gasolinera, la tercera en la comunidad. Los inversionistas, registrados como “avecindados” de San Miguel y Santo Tomás Ajusco, obtuvieron del Tribunal Agrario permiso para además extraer 10 mil garrafones diarios de agua. Ello, con asambleas fantasma, “firmas” de fallecidos y convocatorias del “comisariado patito”: el método favorito de Bolio (ver La Jornada, 25/2/2018).
Se anteponen los intereses privados a la propiedad comunal, denuncian
Por primera vez participan en la AAPCM representantes de indígenas residentes en la ciudad, siempre separados por el gobierno de estos que son dueños de la tierra. Pascual de Jesús, líder triqui, reconoció “la importancia de la tierra”, igual que para su pueblo en Oaxaca.
“Nosotros tampoco estamos de acuerdo con la Constitución de CDMX. Aquí no tenemos territorio, pero sí derechos que no se nos reconocen, aunque ya lo hagan los ordenamientos internacionales y la Constitución del país.”