Estrategia de seguridad y descomposición policial

a Fiscalía de Jalisco, apoyada por efectivos del Ejército Mexicano, intevino ayer a la policía de San Pedro Tlaquepaque, municipio conurbado a Guadalajara, “con la finalidad de revaluar a sus elementos ante la sospecha de posibles infiltraciones del crimen organizado”, según informó el gobernador de esa entidad, Aristóteles Sandoval. La policía estatal fue puesta a cargo de resguardar la seguridad local y los elementos de la municipal fueron enviados a una academia para ser capacitados y evaluados.

Hace unos días ocurrió algo semejante en Tecalitlán, Jalisco, donde tres ciudadanos italianos fueron víctima de desaparición forzada, al parecer por policías que los habrían entregado a la delincuencia organizada.

Estos hechos obligan a poner en perspectiva la fallida premisa de la estrategia gubernamental de seguridad establecida desde diciembre de 2006, cuando se recurrió al uso sistemático y masivo de las fuerzas armadas para combatir la criminalidad como una medida provisional, con el argumento de que las corporaciones policiales carecían de la capacidad para llevar a cabo esa tarea, fuera por falta de capacitación o porque estaban infiltradas. Se dijo entonces, y lo mismo se ha venido repitiendo año tras año, que las policías estatales y municipales del país requerían de saneamiento y profesionalización a fin de estar en condiciones de cumplir con su responsabilidad legal en la recuperación de la seguridad pública. Asimismo, se ha propuesto una y otra vez el establecimiento del mando único para asegurar el control y la disciplina entre los organismos policiales civiles. Lo cierto es que las escenas de soldados que desarman y someten a cuerpos enteros de policía se han repetido una y otra vez durante el sexenio anterior y el presente, y que a 12 años de distancia es inevitable concluir que nada de eso ha funcionado, que hoy la situación es igual o peor que a inicios de la administración calderonista y que sigue imperando la descomposición en instituciones que debieran encargarse de garantizar el orden, prevenir el delito e investigar transgresiones a la ley, identificar a los responsables y ponerlos a disposición del Ministerio Público para que éste, a su vez, realice el deslinde de responsabilidades y formule las imputaciones a que haya lugar ante un juzgado.

Para ilustrar este aserto, baste con mencionar casos tristemente emblemáticos pero no excepcionales: la atrocidad perpetrada el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, donde policías de esa localidad, en connivencia con los de Cocula y de Huitzuco, agredieron a balazos a estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y participaron en la desaparición de 43 de ellos, cuyo destino se ignora hasta la fecha; la captura, en febrero pasado, de policías de Valle de Bravo, estado de México, involucrados en la desaparición de un joven; el caso de la fuerza pública civil