PGR ha aceptado en dos años sólo un tercio de recomendaciones de la CNDH
Entre las pendientes, la referente a “violaciones graves” del caso Nochixtlán
De 21 recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió a la Procuraduría General de la República (PGR) en 2016 y 2017, ésta sólo ha aceptado siete y 14 siguen sin atenderse, entre las cuales se encuentra una catalogada por “violaciones graves”, relacionada con los hechos del 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, así como dos clasificadas como recomendaciones generales. La Procuraduría General de la República (PGR) descartó que el crimen organizado o algún grupo terrorista hayan causado la explosión del ferry de la empresa Barcos Caribe, que dejó 26 personas lesionadas en Playa del Carmen, Quintana Roo, el 21 de febrero.
Su conclusión, explicó el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, se debe a que ninguna agrupación se adjudicó el estallido. En cuanto al crimen organizado, el hecho “sería contrario a sus intereses” pues se daría el aumento de la vigilancia y seguridad en la zona.
Confirmó que en las indagatorias colaboran la Oficina Federal de Investigaciones y el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, a solicitud de la embajada de ese país.
“Es claro que se trata de un artefacto rudimentario o de fabricación casera” con capacidad limitada que no buscaba afectar a la población o los usuarios, explicó el funcionario federal en conferencia de prensa.
Añadió que la embarcación pertenece a una empresa presuntamente vinculada con el padre del ex gobernador de esa entidad, Roberto Borge, detenido desde el año pasado.
No detalló las líneas de investigación que analiza la procuraduría, pues se debe salvaguardar el debido proceso. Agregó que la tardanza de la PGR para ofrecer detalles del caso se debió a que estaban esperando la elaboración de dictámenes periciales y realizar una investigación seria.
Tras el incidente, la Policía Federal desplegó 900 elementos en los centros de mayor concentración turística, entre ellos 195 unidades y binomios caninos en las carreteras y los tres aeropuertos de la zona, mientras personal de gendarmería atenderá la zona hotelera y de bares. Elementos federales realizarán patrullaje en unidades habitacionales, especificó.
Afirmó que a pesar de las alertas emitidas por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, las actividades laborales y turísticas en la zona se mantienen sin afectaciones y no se reportan cancelaciones en el sector hotelero.
De acuerdo con el apartado de transparencia difundido por la PGR en su sitio web, sólo hay cuatro recomendaciones aceptadas de las ocho que recibió en 2016, mientras de las 13 que se le dirigieron en 2017 sólo aceptó tres y una decena no han sido admitidas ni rechazadas.
En la mayoría de las recomendaciones emitidas por el órgano garante de los derechos humanos se señala la presunta responsabilidad de funcionarios de varias dependencias y sólo un par fueron dirigidas exclusivamente a la procuraduría.
Las violaciones señaladas por la participación de la PGR se deben a errores al momento de armar las carpetas de investigación sobre denuncias de carácter federal, debido a la omisión de pruebas e irregularidades en la atención a las víctimas.
La más reciente recomendación emitida por la CNDH data del 29 de diciembre y sigue sin respuesta. En ésta, el afectado denuncia que al momento de ser detenido de forma arbitraria por policías ministeriales federales, niñas de seis y ocho años que acompañaban a la víctima también fueron subidas a un automóvil, vendadas y abandonadas en la carretera. La comisión consideró que se violó el acceso a la justicia en su modalidad de procuración de la misma por parte de la PGR, al no realizar diligencias para la integración de la denuncia de las víctimas.
De los recursos aceptados por la procuraduría, la más reciente es del 31 de mayo de 2017 y se refiere a una denuncia interpuesta por una perito en materia de antropología forense adscrita a la coordinación general de servicios periciales de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.
A pesar del riesgo de aborto corroborado por médicos, la funcionaria señaló que “por instrucciones superiores y bajo amenazas de despido continuó realizando las actividades propias de su encargo, tales como el análisis de restos óseos, elaboración de dictámenes periciales en materia de antropología forense, cuestionarios y comparecencias judiciales”, lo que le provocó complicaciones que terminaron en la interrupción de su embarazo.
La procuraduría se comprometió a tomar seis medidas, entre ellas la reparación integral del daño y atención médica, sicológica y tanatológica, así como elaborar un protocolo que indique las directrices a las que deberá acogerse el personal directivo de la PGR para tratar a las trabajadoras que se encuentren en estado de gravidez y capacitación y formación en materia de derechos humanos con perspectiva de género.
En 2015 la Auditoría Superior de la Federación revisó los programas de la PGR relacionados con la salvaguarda de los derechos humanos. Aunque consideró que ésta avanzó en la materia al aumentar sus programas de capacitación del personal, señaló que es la entidad con el mayor porcentaje de reincidencia en el número de recomendaciones y quejas.