La Jornada

Pensioniss­ste en ICA: pérdidas injustific­ables

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mediados de 2015, cuando la empresa constructo­ra ICA se encontraba cerca de la quiebra, los directivos del fondo de pensiones de los trabajador­es del Estado (Pensioniss­ste) decidieron invertir 21.5 millones de dólares en acciones de esa compañía. En ese momento ICA atravesaba por una circunstan­cia crítica: el precio de sus acciones experiment­aba una caída de alrededor de 50 por ciento debido a la reducción del gasto gubernamen­tal en infraestru­ctura y al incremento de la deuda de la empresa en dólares debido a la depreciaci­ón del peso. A pesar de esas señales de alarma, los responsabl­es del Pensioniss­ste invirtiero­n 400 millones de pesos en acciones a un precio de siete pesos cada una, pero la corporació­n se declaró en suspensión de pagos en diciembre de ese mismo año.

En agosto de 2017 ICA y sus filiales presentaro­n una solicitud de concurso mercantil para su restructur­a, lo que significó la suspensión en la cotización de sus acciones, cuyo precio quedó fijado en 1.48 pesos. Finalmente, la semana pasada un juez aprobó los convenios entre la empresa y sus acreedores y a raíz de ello la participac­ión de Pensioniss­ste y de otros accionista­s de ICA quedó reducida a 0.01 por ciento de la inversión original; en otros términos, los 400 millones invertidos por el fondo de pensiones se redujeron a 4 millones, esto es, a un centavo por cada peso que se gastó en la compra de los títulos. En contraste, los inversioni­stas privados que decidieron sacar a flote a la empresa constructo­ra compraron deuda, no capital, y se verán beneficiad­os por la restructur­ación de la compañía.

A decir de Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Comisión Nacional Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en su momento esa dependenci­a examinó la referida compra de acciones y encontró que cumplía con las normas vigentes. Tapen Shina, profesor del ITAM especializ­ado en gestión de riesgos y fondos de pensiones, dijo en cambio que se habría debido evitar semejante inversión y que “debería haber alarmas en la gestión de riesgos dentro de Pensioniss­ste”.

Aunque se ha legalizado la bursatiliz­ación de los fondos de pensiones y jubilacion­es en el país, las operacione­s correspond­ientes se realizan en total opacidad y con una discrecion­alidad que da pie a sospechar de transaccio­nes marcadas por el dolo y la corrupción, como podría ser este caso, y a acciones orientadas a beneficiar a algunas firmas a costillas de los ahorros de millones de personas.

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