Pensionissste, al rescate de la IP, alertan
Los ahorros de trabajadores entregados al Pensionissste están a merced de la discrecionalidad de los funcionarios en turno y del consejo de administración del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), pues se invierten sin tener garantía de retorno y sirven para financiar deuda interna del gobierno y rescatar empresas privadas, algunas de las cuales son mal manejadas.
Mientras tanto, a los ex trabajadores públicos se les entregan pensiones de miseria, sumamente bajas porque ganan muy poco y se les achican aún más por “las minusvalías”. El negocio de estos ahorros sólo lo disfruta el sector privado, señaló la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos.
Esta organización que se ha encargado desde hace tres décadas de la defensa de los derechos de los trabajadores al servicio del Estado y contra la privatización de las instituciones de salud del país, indicó que es gravoso y millonario el monto de las pérdidas de Pensionissste, por inversiones no redituables, que no están garantizadas, y porque parte de sus fondos se han destinado a “apalancar empresarios ineficientes” y rescatar compañías en problemas económicos, como el caso de ICA.
Castigo a pensiones para beneficiar a empresarios
Los expertos del Comité de Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales manifestaron su preocupación ante representantes del Estado mexicano por la situación en que se encuentran esas garantías en el país.
Ayer, en Ginebra, Suiza, comenzó el examen al que se somete México ante esta instancia internacional (que seguirá este martes). En el que representantes de organizaciones civiles señalaron que “hay un abismo” entre sus planteamientos y los expuestos por los funcionarios del Estado mexicano.
Los expertos del comité preguntaron en torno a la situación de varios de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca) como el acceso al agua y su calidad, la libre consulta de los pueblos, al territorio, a una alimentación adecuada, sobre la situación de los defensores de derechos humanos, entre otros.
Mostraron su beneplácito por el hecho de que exista una red capaz de llevar el agua a 94 por ciento de la población en México; sin embargo, los expertos internacionales cuestionaron sobre si el recurso cuenta con la calidad requerida y si el saneamiento es el adecuado.
De acuerdo con representantes de la sociedad civil presentes en las audiencias, las respuestas de los emisarios de las autoridades mexicanas “fueron escuetas”. Tan sólo, aseveró Javier Martínez, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, en lo correspondiente al tema de agresiones y riesgos para los defensores de derechos humanos, el Estado informó que apenas hay cuatro sentencias por crímenes contra estos profesionales. Otro de sus argumento fue que hace unos años se puso en operación el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, el cual pretende trabajar de manera coordinada con la PGR.
La delegación mexicana estuvo encabezada por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, embajador Miguel Ruiz Cabañas, y contó con representación de los tres poderes de la unión. “El Estado mexicano contestó una serie de preguntas y proporcionó información como si el país estuviera en una situación mucho mejor. Lo dicho por ellos dista mucho de lo que las organizaciones no gubernamentales presentamos en el informe sobra”, dijo Martínez en entrevista desde Suiza.
En torno al derecho a la consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas –otro de los temas que se trató en la sesión de ayer–, los funcionarios mexicanos señalaron que a partir de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a este derecho, “se han tomado medidas y construido protocolos” para buscar una ley al respecto. Excusaron que las problemáticas suscitadas en torno a estos procesos se dan “por las divisiones” de las comunidades y no por omisiones o fallas en la aplicación.
La sesión de ayer concluyó con las preguntas del ex relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la alimentación, Oliver de Schutter, en torno a esta garantía, su cumplimiento y los avances de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Las cuales deberán ser contestadas en la audiencia de este martes.
El comité entregará en abril sus recomendaciones al Estado mexicano.