CIUDAD PERDIDA

Una espera desesperante

asó poco más de una hora. Secretarias y auxiliares nos habían cambiado de un pequeño recibidor a un salón de juntas, no sin llenarnos de una serie de pretextos que pretendían explicar el retraso, o el desinterés en la reunión, y de pedirnos con amabilidad y una cajita revestida con metal, que antes de entrar al salón depositáramos en ella nuestros teléfonos celulares.

La reunión se había programado con cuando menos un par de semanas de anticipación, por lo que no cabía ningún pretexto para que algún otro compromiso se pudiera superponer a la cita, aunque siempre hay lugar y tiempo para cancelar lo que no es tan importante o de menor rango, digamos, a lo que surge de última hora. Total, de lo que se pretendía hablar era de los comicios en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sólo de eso.

A la reunión estaban convocados, y asistieron: Porfirio Muñoz Ledo, el embajador Jorge Eduardo Navarrete, el abogado Javier Quijano y el también hombre de leyes José Agustín Ortiz Pinchetti, además de quien esto escribe, en representación de un amplio grupo de ciudadanos que tienen como motivo principal el respeto a la voluntad popular en las urnas. Después de un café, alguna botella de agua y de la paciencia agotada, el embajador Navarrete propuso que la reunión se pospusiera para otra ocasión, después de escuchar por enésima vez que la magistrada presidenta, Janine Otálora, estaba por llegar.

Un joven, que con afán desmedido comentaba que la magistrada “ya había llegado” –45 minutos más tarde de lo programado– y que se hallaba en su oficina despachando algunos asuntos urgentes –y señalaba a una puerta que supuestamente era la que traería a la juzgadora hasta la sala de juntas– no podía responder a ninguno de los cuestionamientos que se le hacían sobre la posibilidad de anular la reunión o transferirla a otra fecha.

El desinterés por escuchar a quienes pretendían tener una conversación abierta sobre las elecciones que vienen, y su trascendental importancia, no parecía preocupar a la gente del organismo, aunque algunas acciones se podrían interpretar en sentido contrario, como la de impedir que la prensa estuviera presente o evitar que las palabras de unos y otros pudieran quedar grabadas en alguno de los teléfonos confiscados.

Desde luego la puerta, que según las señas del joven daba al despacho de la magistrada, nunca se abrió, y luego de una hora y 10 minutos, o una hora 15 minutos, por otra puerta, ataviada con un traje tabaco y beige y el maquillaje impecable, apareció la presidenta del TEPJF con una sonrisa despreocupada y acompañada de dos de los magistrados del tribunal.

Y mientras Porfirio Muñoz explicaba el porqué de la reunión, el joven magistrado Reyes Rodríguez usaba su teléfono celular sin el menor recato, lo que pareció indignar al embajador Navarrete, quien además ya había escuchado, de la boca de la presidenta, que sólo habría 30 minutos para la reunión, 10 menos de lo que se había acordado. El embajador, entonces, reclamó la actitud de Reyes Rodríguez con su teléfono.

Con la brevedad que imponía el nuevo lapso de la reunión, los cinco convocados

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