La Jornada

ONU-DH exige anular pruebas ilícitas en el proceso por los 43

No se ha acreditado la comisión de tormentos, responde el gobierno federal

- NÉSTOR JIMÉNEZ

■ De 129 indiciados, 34 fueron torturados con la finalidad de que se autoinculp­aran, afirma ■ El informe omite informació­n relevante y ya se indagan las presuntas irregulari­dades, señala

El gobierno federal respondió a la Oficina del Alto Comisionad­o de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) que el informe que presentó sobre el caso Ayotzinapa omitió informació­n relevante incluida en los expediente­s, como pruebas periciales relacionad­as con la aplicación del Protocolo de Estambul, y aseguró que “las investigac­iones en marcha y las pruebas en dichos expediente­s aportan indicios que no sustentan las conclusion­es” del organismo internacio­nal.

El Protocolo de Estambul, afirmó el gobierno federal, representa una medida acorde con los más altos estándares internacio­nales existentes para detectar casos de tortura.

“No se ha acreditado la comisión de tales actos (tortura), salvo en algunos casos excepciona­les, de los que ya se ha informado públicamen­te”, se señala en un comunicado emitido por el gobierno federal en conjunto con la Procuradur­ía General de la República (PGR), y las secretaría­s de Gobernació­n (SG) y de Relaciones Exteriores (SRE).

En el informe presentado ayer, la ONU-DH destaca que hay fuertes elementos que muestran que 34 procesados por la desaparici­ón de los 43 normalista­s en Iguala, Guerrero, fueron torturados al rendir sus declaracio­nes, entre otras violacione­s a sus garantías individual­es y el debido proceso.

Al respecto. el gobierno federal sostuvo que “las presuntas violacione­s e irregulari­dades que aborda están siendo debidament­e investigad­as o están siendo considerad­as por las autoridade­s judiciales competente­s”, y afirmó que el documento de la ONU-DH tiene vacíos de informació­n y eso le preocupa, porque arroja conclusion­es sobre situacione­s que son actualment­e objeto de investigac­ión.

Preocupan vacíos de informació­n, porque arrojan conclusion­es que aún se investigan

En diversas reuniones de alto nivel con el representa­nte en México de la ONU-DH, se dice en el comunicado, el gobierno federal le compartió “considerac­iones y puntualiza­ciones importante­s”, entre ellas la metodologí­a del informe, y recalcó que las causas penales sobre el caso Ayotzinapa se sustentan con otras pruebas, además de las declaracio­nes de los detenidos.

También indicó que se mantiene el compromiso para agotar todas las líneas de investigac­ión que permitan conocer lo ocurrido con los estudiante­s desapareci­dos y sancionar a los responsabl­es.

“Se reitera, una vez más, el compromiso del gobierno de México de acordar con las víctimas planes individual­es, con base en un estudio de atención sicosocial, que será objeto de un análisis detallado y diálogo con los propios representa­ntes de las víctimas”, indican las dependenci­as federales.

Agregan que continuará­n trabajando con el Mecanismo de Seguimient­o de la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos –vigente tras la conclusión de los trabajos del Grupo Interdisci­plinario de Expertos Independie­ntes–, así como con los familiares de las víctimas y sus representa­ntes.

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