ONU-DH exige anular…
de la PGR realizaron en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, donde supuestamente se habrían encontrado bolsas con las cenizas de los 43 normalistas desaparecidos, la cual estuvo encabezada por el entonces director de esa instancia, Tomás Zerón. El sospechoso fue interrogado sin la presencia de su abogado.
“La diligencia en el río San Juan es de fundamental importancia para el caso Ayotzinapa en su conjunto, al constituir un elemento clave de la versión presentada públicamente por la PGR el 27 de enero de 2015 (conocida como ‘verdad histórica’), en particular en lo que se refiere a la identidad de los supuestos perpetradores y el destino de los 43 estudiantes desaparecidos forzosamente”, subraya el informe.
Otro caso es el de Emmanuel Alejandro Blas Patiño, presuntamente detenido, junto con Eury Flores López y Francisco Javier Lozano Cuevas, el 27 de octubre de 2014 en Cuernavaca, Morelos, cuyo fallecimiento fue atribuido oficialmente a una caída de azotea desde una altura de 10 metros. La ONU-DH sostiene que hay testigos que aseguran que murió por las torturas que le infligió personal de la Marina.
Jan Jarab señaló que hasta la fecha la ONU-DH no tiene información de que alguno de los agentes o funcionarios implicados en estos delitos haya sido procesado por tortura y violaciones a los derechos humanos, por lo que “permanecen impunes”. Reconoció que en 2016, durante la gestión de Arely Gómez al frente de la PGR, se realizó “un esfuerzo genuino” para investigar estos delitos, pero la indagatoria interna se vio frustrada por el remplazo en el cargo.
El informe, explicó, no tiene como propósito defender a posibles delincuentes, sino favorecer el estado de derecho en el país y abonar para que la práctica de tortura en los procesos judiciales sea erradicada. Lamentó que en México haya una inadecuada aplicación del Protocolo de Estambul.
La ONU-DH hace una serie de recomendaciones. Sugiere a la PGR realizar, en un plazo razonable, las indagatorias correspondientes e identificar a los responsables de las violaciones de derechos humanos; insta al jefe del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, a implementar la recomendación del Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, sobre la creación de un consejo asesor de lucha contra la impunidad, y pide al Legislativo adoptar tanto una reforma institucional como una ley orgánica que garantice de manera efectiva la independencia, la autonomía y el profesionalismo de la Fiscalía General de la República.