Maestros y activistas piden a la ONU enviar observadores a Michoacán
Denuncian ola de violaciones a los derechos humanos
Integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), informaron que solicitaron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad al Hussein, envíe una comisión de observación al estado de Michoacán para que verifique las “violaciones a las garantías básicas” que prevalecen en la entidad gobernada por Silvano Aureoles Conejo.
En conferencia de prensa señalaron que principalmente los maestros democráticos son “víctimas de detenciones y encarcelamientos arbitrarios” y acotaron que del 17 de enero al primero de febrero “87 docentes fueron detenidos injustificadamente”.
Enrique González Ruiz, del consejo consultivo de dicho observatorio; Antonio Castro López, secretario general del comité ejecutivo nacional democrático del CNTE; Deyanira Guzmán Cano, profesora y abogada, y Daniela González, coordinadora internacional del observatorio, entre otros, hablaron de los casos de detenciones injustificadas y añadieron que el gobernador michoacano “criminaliza la protesta social”.
Anunciaron que viajarán a Europa para denunciar la situación ante eurodiputados y las oficinas del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos.
Consideraron que a medida que se acerquen las elecciones, la “violencia gubernamental” en contra del magisterio democrático, defensores de derechos humanos y ciudadanía en general se recrudecerá.
En el caso de los maestros dijeron que están defendiendo la educación pública y sus derechos laborales, y acotaron que varios mentores ya no reciben sueldos desde hace dos y tres años, hay “remociones irregulares y hay adeudos salariales a 36 mil trabajadores de la educación.
El 8 de marzo pasado hicieron llegar un escrito a Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y están a la espera de la respuesta.
En el escrito indican que la administración de Aureoles Conejo, desde el principio se ha caracterizado “por su política represiva y por la criminalización de la protesta social. Ha desplegado, de manera sistemática, el hostigamiento y la represión contra las organizaciones sociales, políticas, populares, estudiantiles, campesinas, sindicales, indígenas que se oponen al saqueó de los recursos energéticos, minerales, naturales y culturales de la entidad mediante megaproyectos que devastarán las riquezas existentes”.
Añaden que “las acciones represivas que en los días recientes ha emprendido ese gobierno contra las organizaciones de trabajadores que exigen sus derechos, y en particular en contra del magisterio, han excedido los más elementales protocolos que la fuerza pública debe cumplir para salvaguardar el orden, violando los derechos humanos fundamentales”.
Sobre el embargo precautorio y aseguramiento de bienes por valor equivalente establecido en el artículo 249 del CNPP, el Ministerio Público podrá decretar o solicitará el embargo precautorio, el aseguramiento o decomiso de bienes propiedad del o de los imputados, cuando el objeto del delito haya desaparecido, y podrá realizar dichas acciones por un valor que equivalga a dicha acción ilegal.
El pleno avaló la impugnación hecha por la CNDH y consideró que para realizar dichas acciones se requiere autorización judicial previa.
Critican a Silvano Aureoles Conejo por “criminalizar la protesta social”