Diputados acuerdan regular publicidad oficial con iniciativa del PRI y aliados
La ruta trazada menciona convocar a foros de discusión
La Cámara de Diputados definió ayer que el 19 de abril se apruebe una ley general de comunicación social, a partir de la iniciativa presentada por el PRI y sus aliados en la coalición Todos por México, con objeto de regular la propaganda gubernamental.
La decisión parte de la aprobación, ayer, del calendario para el debate del proyecto en la Comisión de Gobernación, con objeto de cumplir con la instrucción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Congreso de reglamentar la publicidad oficial.
Esa ruta prevé que, después de diversas reuniones, la comisión vote el dictamen respectivo el 16 de abril, para que al día siguiente el pleno lo conozca en primera lectura y se vote el jueves 19.
Ayer, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos definió que el martes próximo la comisión se reúna para presentar un informe y circular entre sus integrantes la iniciativa que esta semana presentó el PRI ante el pleno.
Después habrá reuniones entre senadores y diputados de las comisiones involucradas en el tema y se convocará a foros de discusión del proyecto, en espera de recibir propuestas.
La iniciativa del tricolor plantea que una ley de comunicación social permitiría “terminar con el vacío normativo” en la materia, frenar el uso excesivo de recursos públicos, evitar la parcialidad en la entrega de publicidad e impedir la contratación de espacios oficiales para promoción personal de los funcionarios.
También pretende definir las normas a las que deberán sujetarse los entes públicos, federales y estatales, para garantizar que el gasto en comunicación social cumpla “con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.
Incluso considera que todas las dependencias de gobierno federal y estatales respeten los topes en el presupuesto, límites y condiciones del gasto.
Asimismo, se propone crear un Consejo para el Seguimiento de la Publicidad Oficial, “que satisfaga la necesidad de conocer la medición imparcial e independiente sobre audiencias, rating, visitas a portales y la circulación de los medios de comunicación”.
Se define que los fines de la publicidad oficial deben ser el interés y utilidad públicos, por lo que “su contenido debe ser informativo, útil y necesario y no debe, bajo ninguna circunstancia, promover la imagen de los funcionarios públicos, como lo establece la Constitución”. Asimismo, se plantea derogar la disposición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que permite canalizar publicidad a informes de labores o de gestión de servidores públicos.
De igual forma, se plantean controles externos de la publicidad oficial mediante un organismo regulador que no dependa de la Secretaría de Gobernación, sino que sea autónomo, un consejo ciudadano encargado de supervisar el cumplimiento de las nuevas normas y las sanciones.
Será obligatorio crear un programa anual de propaganda de la administración pública de la Federación y en los demás poderes. La nueva ley declarará conflictos de interés en el caso de medios creados por funcionarios a los que se les pretenda dar publicidad.