La Jornada

Arrestan a activista de Mexicali Resiste por increpar a titular de Gobierno de BC

El ayuntamien­to de León criminaliz­ó a manifestan­tes: PDHG

- ANTONIO HERAS CARLOS GARCÍA

El movimiento Mexicali Resiste se manifestó ayer por que no se criminalic­en las protestas en México, después de que el miércoles el activista León Fierro fue detenido algunas horas por increpar en un acto público al secretario general de Gobierno de Baja Californis, Francisco Rueda Gómez, a quien llamó ‘‘corrupto y ratero’’. La organizaci­ón convocó a una marcha para el próximo domingo contra ‘‘actos autoritari­os’’ de la administra­ción estatal.

La agrupación adelantó que también protestará por los incremento­s a los precios de los hidrocarbu­ros generados por la reforma energética promovida por el presidente Enrique Peña Nieto; además, denunciará actos de represión e intimidaci­ón de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Mexicali Resiste informó que en enero de 2017 habitantes de ese municipio iniciaron ‘‘una expresión masiva’’ en contra de los gasolinazo­s y la privatizac­ión del agua en una ley estatal promovida por el gobierno local y aprobada por el Congreso del estado en diciembre de 2016, y en rechazo a la instalació­n de la cervecera Constellat­ion Brands en el Valle de Mexicali.

Detalló que Fierro fue detenido por agentes municipale­s la tarde del 14 de marzo en un acto protocolar­io por el aniversari­o de Mexicali. Fue liberado después de cuatro horas, previo pago de una multa. Por ello, realizarán un mitin frente a la comandanci­a de la policía municipal para denunciar que ‘‘no existe democracia en este país, secuestrad­o por gobiernos represivos y fascistoid­es’’.

León Fierro, quien ha sido vocero de Mexicali Resiste, señaló que su liberación fue resultado de la presión social y arengó: ‘‘Ni un paso atrás, compañeros, porque las manifestac­iones sí funcionan’’.

Narró que entró a la ceremonia de aniversari­o con un grupo de compañeros, y sorteó vallas y un cerco policial ‘‘como si estuviera Trump o Peña Nieto’’.

Aseguró que el juez municipal le dijo que su detención no fue por protestar, sino porque se trataba de un acto en el cual no se podía ‘‘molestar’’ a los funcionari­os.

‘‘No les dijimos una sola grosería, sólo sus verdades: son una bola de corruptos y de rateros en México, Baja California y Mexicali. Si nos callamos los mexicanos se va a hundir el país. La manifestac­ión del próximo domingo (originalme­nte por los gasolinazo­s) será contra la represión y el derecho de manifestac­ión. Me querían cobrar 3 mil pesos. Hasta la libertad de expresión han privatizad­o’’, señaló.

Alcalde acepta recomendac­ión

La Procuradur­ía de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) emitió una recomendac­ión al alcalde panista de León, Héctor López Santillana, por criminaliz­ar a seis activistas que protestaro­n en enero de 2017 contra el incremento a los pasajes.

‘‘La libertad de expresión es indispensa­ble para el desarrollo de la democracia’’, recordó el ombudsman estatal, Raúl Montero de Alba, quien llamó a dar garantías a manifestac­iones como la desobedien­cia civil pacífica.

Asimismo, recordó el caso de Gabriela Zuleica Arriola Cadena, José Roberto Saucedo Pimentel, Yolanda Martínez Ortiz, Rodrigo González Zaragoza, Jaime Rufino Herrerías y Vicente Hernández Barrios, cuyas fotografía­s y nombres fueron exhibidos por el gobierno de León en el periódico AM en notas con los encabezado­s: ‘‘Prende violencia’’ e ‘‘Identifica­n a impulsores de protestas’’.

La informació­n publicada el 5 de enero de 2017 refiere que institucio­nes de seguridad elaboraron fichas de ocho personas, identifica­das como los principale­s impulsores de movilizaci­ones.

En el expediente de queja 2/17A, el gobierno de López Santillana negó tener fichas de los quejosos y haberlas filtrado al periódico.

Como pruebas, los quejosos entregaron un video en el cual el alcalde declara que existen ‘‘líderes visibles’’ en las protestas y que dialogaría con ellos si dejaban las ‘‘actitudes violentas’’; de lo contrario, se les denunciará.

La PDHG determinó que la autoridad municipal efectivame­nte tenía perfiles de los afectados.

En un comunicado, el alcalde informó que aceptó la recomendac­ión, pues ‘‘la participac­ión ciudadana es uno de los pilares que esta administra­ción impulsa para involucrar a la sociedad de forma activa en las decisiones de gobierno’’.

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