La CNDH incorporará el informe de ONU-DH al expediente del caso
Lo sumará a las 72 quejas que han interpuesto los acusados
n medio de la alegría y la fortaleza colectivas que trajeron el Paro Internacional de Mujeres, el movimiento Ni una Menos y el Primer Encuentro Internacional, Político, Artístico, Deportivo y Cultural de Mujeres que Luchan, celebrado en territorio zapatista, se cometió en Río de Janeiro, Brasil, el vil asesinato de la feminista y luchadora social Marielle Franco. Su muerte nos tocó a todas justo cuando nos sentimos (y estamos) fuertes, justo cuando decidimos no callar y poner freno a las múltiples violencias de género en el mundo. Mataron a balazos a la negra de las favelas y con su muerte vino la dimensión de una realidad que ya no puede callarse. Ni el feminicidio ni las múltiples violencias.
En México son las universitarias de las Facultades de Filosofía y Letras (FFyL) y de Ciencias Políticas, de la UNAM, quienes dieron la batalla esta semana. Jóvenes hartas del acoso de profesores y compañeros y de la impunidad que priva ante sus denuncias; decidieron parar. Y eso en términos universitarios no es sólo no ir a clases, sino organizar marchas, conversatorios y asambleas, pegar carteles y mantas, repartir volantes y cerrar aulas y oficinas para visibilizar la lucha.
El paro de la FFyL es una respuesta a la omisión de las autoridades tanto del plantel como de otras instancias de la universidad, advierten las estudiantes, jóvenes de 18 a 25 años que no están dispuestas a la sumisión y al silencio. “Por experiencia propia puedo decir que las denuncias, por lo menos dentro de la facultad, son burocráticas y no llegan a ningún lado. Un grupo de más de 10 mujeres y yo fuimos a denunciar a un estudiante que nos mandaba mensajes para pedirnos fotos y cuando denunciamos nos enteramos que su caso ya había estado en el Tribunal Universitario. ¿Por qué nos tocó a nosotras entonces y por qué sigue en la facultad?”, comenta Sofía, estudiante de letras.
Pero no sólo es la indiferencia ante las denuncias, sino la difamación contra quienes se atreven a denunciar a sus agresores. En filosofía descalificaron a tres alumnas que señalaron a su acosador. El paro, dijeron las autoridades universitarias, “afecta a toda la comunidad universitaria y no contribuye a la convivencia tolerante y a la solución de los problemas que nos consternan a todos”. Pero antes no fueron escuchadas. Y hoy, gracias al paro, “sabemos que muchas estarán detrás de nosotras si nos llega a pasar algo”. La fuerza de no saberse solas las impulsa a perder el miedo.
Perder el miedo no es poco. Por eso quienes se cobijaron en territorio zapatista compartieron la formidable experiencia de haberse sentido seguras. Y eso, en un país donde se asesina a siete mujeres al día, no es poco. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que incorporará el informe de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) sobre el caso Ayotzinapa, que señala que 34 detenidos fueron torturados para obligarlos a autoincriminarse o señalar a otros por su participación en los hechos.
En un comunicado, el organismo público indicó que va a incorporar el informe titulado Doble injusticia: informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa a su propio expediente “para ser valorado de manera integral con los demás elementos de convicción agregados al mismo”.
En ese contexto, la CNDH recordó que hasta el momento ha radicado y tramitado 72 quejas interpuestas por los acusados de cometer la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014. De ellas, cuatro son por maltrato en la detención, 11 por detención arbitraria y 57 por comisión de actos de tortura.
Para la debida integración de los expedientes sobre estos casos, la CNDH indicó que ha realizado diversas diligencias, “entre las que destacan evaluaciones médicas y sicológicas colegiadas por parte de un equipo pericial interdisciplinario, que han incluido la aplicación del Protocolo de Estambul en todos los casos relativos a presunta tortura o malos tratos”.
De igual manera, subrayó el organismo, se han formulado requerimientos de información a la Procuraduría General de la República, a distintos centros federales de readaptación social y a juzgados federales sobre las actuaciones relacionadas con las puestas a disposición y declaraciones de los detenidos.
Además, se han solicitado certificaciones médicas, opiniones de mecánica de lesiones, valoraciones sicológicas, material videográfico y expedientes penitenciarios.
La CNDH recordó que “en algunos casos ha existido dilación de las autoridades para cumplir con lo solicitado”, lo cual ha hecho más difícil la integración de los expedientes y ha incidido en la dinámica de la investigación en curso.
En 2015, la CNDH emitió un informe sobre la manera en que la PGR desarrollaba la investigación, y advirtió que este organismo de seguridad había dejado de realizar diversas acciones necesarias para resolver la desaparición forzada de los normalistas.
Entre las diligencias no concretadas se encuentran la georreferenciación de mensajes y llamadas telefónicas recibidas en los celulares de los familiares de los normalistas, así como la ampliación de declaraciones ministeriales de policías federales y militares que se encontraban destacamentados en Cocula e Iguala en la fecha del ataque a los 43.