Perciben custodios que los reos tienen más derechos que ellos
Incertidumbre y temor rodean su empleo, según un estudio
Custodios y personal que labora en prisiones federales enfrentan malas condiciones de trabajo y de vida, así como poco reconocimiento a su labor. Un estudio elaborado por las especialistas Elena Azaola Garrido y Catalina Pérez Correa señala que 56 por ciento de esos empleados consideran que su existencia en el centro penitenciario es mejor que la de los internos, pero 61 por ciento señaló que los reos gozan de más derechos que las personas que se encargan de vigilarlas.
De acuerdo con el texto (llamado Condiciones de vida y de trabajo del personal de los centros penitenciarios federales) presentado en las instalaciones de la Comisión Nacional de Seguridad, 65 por ciento del personal de los centros federales de readaptación social (Cefereso) consideró que labora en un ambiente de incertidumbre y 68 por ciento con temor. Además, 80 por ciento señaló que su empleo genera riesgos para su salud, 88 por ciento para su seguridad personal y 73 por ciento para su familia.
Tras escuchar algunas conclusiones de este informe, Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), ordenó a Rogelio Miguel Figueroa Velázquez, responsable del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, que “con base en este diagnóstico elabore una propuesta de acciones en concreto para mejorar las condiciones de trabajo del personal penitenciario. Necesitamos que el personal acceda a mejores oportunidades de desarrollo, porque son las personas y no las instalaciones las que deben constituir el núcleo de la función penitenciaria”.
Asimismo, José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó que la Ley de Ejecución Penal no ofrece muchos elementos para la reinserción y la manera de trabajar la rehabilitación, por lo que habría que aterrizar las funciones de cada una, y que las distintas secretarías del gobierno de la República deberían concurrir en las funciones de capacitación y servicios que requieren las personas privadas de la libertad y restar al personal penitenciario esa función.