Réquiem por la reforma educativa de Peña Nieto

vido de reconocimientos a su supuesto legado y sin comprender aún al país que gobierna, Enrique Peña Nieto se ha quejado ante diversos auditorios, al final de su sexenio, sobre la ausencia de éstos por parte de la sociedad mexicana que, por el contrario, da muestras múltiples de su enojo ante los engaños y la demagogia practicada por él y sus colaboradores cercanos en todos los asuntos relacionados con las políticas y actos de su gobierno, generalmente contrarios a los intereses de la sociedad, por lo cual hoy ésta se siente y considera agraviada.

Un caso conocido que podemos utilizar como ejemplo es el de su reforma educativa, presentada oficialmente como resultado de una gran consulta nacional que sólo existió en su mente y que resultó ser finalmente una imposición dictada desde el exterior, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) e instrumentada como una serie de ocurrencias sin ton ni son, con el propósito encubierto de privatizar la educación y en el camino realizar algunos buenos negocios con sus socios del grupo Atlacomulco.

Planteada al principio de su gobierno como un cambio profundo para mejorar sustancialmente “La calidad de la educación”, ante los miembros del cuerpo diplomático y conocidos empresarios ligados a Televisa, los funcionarios y asesores de la Secretaría de Educación Pública cometieron el grave error de no realizar un diagnóstico serio que permitiese determinar y fundamentar la gravedad de la supuesta crisis educativa que afrontaba el país, ignorando los esfuerzos realizados por los gobiernos anteriores y por los maestros de las diferentes entidades de la República, sacándose de la manga que todo estaba mal y asignándoles todo el peso de la responsabilidad a los profesores, en virtud de su escaso profesionalismo y mala preparación, por lo cual debían ser evaluados para identificar a quienes no eran aptos para enseñar.

Lejos de percatarse de los errores cometidos por sus colaboradores, Peña Nieto decidió seguir adelante, topándose con la resistencia del magisterio y con la realidad misma: distante de tener un efecto positivo en los niveles de desempeño de los estudiantes, los avances que se habían tenido año con año, según las pruebas estandarizadas de Enlace, éstos se empantanaron en 2014 y comenzaron a mostrar retrocesos a partir de 2015 con la aplicación de las pruebas Planea, obligando a las mismas autoridades educativas a ocultar algunos de los resultados y a disminuir su importancia en los medios de comunicación.

Adicionalmente, el gobierno de Enrique Peña Nieto envió al Congreso un proyecto de ley que modificaba el espíritu de la Constitución en al menos dos aspectos esenciales: en el artículo tercero, se suprimía la gratuidad de la educación proporcionada por el Estado, dejando a las autoridades escolares la decisión de aplicar cuotas a los padres de familia y haciendo con ello a un lado el principio de equidad, en el acceso a la educación pública para todos los mexicanos.

Igualmente, se hizo una modificación al artículo 27 de la Constitución, para obligar a los maestros a someterse a evaluaciones periódicas con el propósito de separar de sus labores a aquellos maestros que fuesen evaluados como no aptos para impartir clases, de acuerdo con criterios fijados por las autoridades, estableciendo de facto un nuevo instrumento de control político, contrario a los principios democráticos.

Todo esto, en su conjunto, ha sido motivo de rechazo, tanto de los maestros como de los padres de familia y la sociedad en general, que si bien al principio veía la reforma con pensamientos positivos, luego de algún tiempo terminó rechazándola, tanto por la forma en la que fue instrumentada, como por los propósitos reales que perseguía, siendo tal el nivel de animadversión que ningún gobierno futuro se arriesgaría a continuar su instrumentación; ello lo sabe incluso José Antonio Meade, uno de cuyos lastres es su propio jefe de campaña, quien fue el supuesto arquitecto de esa reforma.

De esta manera, lo que para el Presidente representa un logro, para el magisterio nacional, los padres de familia y la sociedad mexicana en su conjunto, su reforma ha constituido uno de sus más graves errores y un gran daño para los niños y jóvenes, cuya preparación se ha visto afectada, así como todo un periodo de miedo e incertidumbre para los profesores, generado por las evaluaciones punitivas a las que fueron sometidos, constituyendo una de las causas de rechazo al actual gobierno, al PRI y a su candidato presidencial, José Antonio Meade Kuribreña.

Por todo esto, y para resarcir los daños causados a la sociedad, la mal llamada reforma educativa del actual gobierno y todo lo que ha estado relacionado con ella, deberá ser tirado a la basura, como muchas otras de las políticas impulsadas por éste, que desde ahora será recordado como el peor gobierno que ha padecido nuestro país, después de la Revolución Mexicana.

Desde luego ello no será suficiente, México requiere retomar los grandes esfuerzos realizados para mejorar la educación, basándola en el mandato original de la Constitución, cuya esencia debe ser recuperada, siendo fundamental revertir el crecimiento actual de la ignorancia, mediante el fortalecimiento de la educación para los adultos a nivel nacional, dejando atrás los programas de alfabetización, cuyos resultados hoy son reconocidos como inútiles y orientándola a la promoción de la educación abierta y a la acreditación de conocimientos adquiridos, siendo igualmente importante que los recursos nacionales sean destinados a asegurar una educación pública gratuita, con capacidad para atender a todos los niños y jóvenes de las diferentes regiones de México de manera equitativa, sin aceptar más la injerencia de intereses ajenos, reconociendo la importancia de la educación como la mejor inversión para el futuro, tal como lo han estado haciendo las naciones que hoy son líderes a nivel mundial.

Siendo necesaria también la suspensión de las prácticas actuales de recortes presupuestales a la educación para financiar errores y robos cometidos en otras instituciones públicas, tal como ha sucedido con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el sexenio actual.

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