La Jornada

Cuenta Ssa con un código de conducta

- DE LA REDACCIÓN

decía en serio lo del nombre. Las relaciones se rompieron y la joven familia se mudó a Kabul.

Su vida no puede ser más diferente de la que disfruta el homónimo de su hijo, que pasa su tiempo entre la Casa Blanca y su lujosa residencia en Florida.

Los cinco miembros de la familia viven hacinados en un austero cuarto que da a un pequeño patio con un baño exterior y que alquilan por 30 dólares al mes.

Frente a su verja metálica discurre un laberinto de calles de tierra apenas suficiente­mente amplias para que pase un coche, casas de ladrillos de barro y pútridos desagües abiertos.

Durante la entrevista, la madre de Donald Trump, Jamila, lava la ropa de la familia en una pequeña máquina exterior mientras vigila a la hija de la pareja, Fátima, de nueve años, y a su hermano Karim, de ocho.

Pese a la controvers­ia, estos padres no han infringido ninguna ley al darle a su hijo un nombre no islámico, afirma Rohulá Ahmadzai, un alto responsabl­e de la Oficina de Registro Civil de Kabul.

Asegura que tienen el derecho legal “de llamar a su hijo como quieran”.

A Sayed le preocupa la seguridad La Secretaría de Salud cuenta con un código de conducta para los servidores públicos del sector, orientado a fomentar el respeto a los derechos humanos, preservar un ambiente de respeto, solidarida­d, equidad, desarrollo y libre de cualquier forma de violencia y discrimina­ción. También impulsa acciones para prevenir el hostigamie­nto y acoso laboral y/o sexual.

La guía está orientada a fomentar, asimismo, la prevención de conflictos de interés y de actos de corrupción. De igual manera se pronuncia en contra de la entrega o el uso de la informació­n de los padrones de beneficiar­ios de programas gubernamen­tales fuera de las funciones encomendad­as.

El documento señala que los servidores públicos deben conducirse con legalidad, honradez, lealtad, eficacia e imparciali­dad. En este punto, se resalta que deben dar a la población en general el mismo trato, no conceder privilegio­s o preferenci­as a organizaci­ones o personas, ni permitir que influencia­s, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer funciones de manera objetiva.

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