En la calle
n España los pensionados se han volcado por millares a las calles de muchas ciudades para reclamar la reposición del valor de sus ingresos. Muchos de ellos reciben un ajuste anual de 0.25 por ciento en términos nominales, lo que hace que sus ingresos alcancen cada vez menos para subsistir.
Salieron a la calle literalmente para no “quedarse en la calle”. Han tomado al gobierno de bajada, en un momento en que enfrenta serios problemas políticos y una brusca reducción en la preferencia de los electores, según distintas encuestas.
El asunto de las pensiones rebasa, ciertamente, el actual problema español. Con distintas formas, concierne a la población de muchos países. No en todos hay sistemas de cobertura universal para quienes alcanzan la edad de jubilación.
Este es un caso típico de política pública que exige una consideración específica del tiempo y la incertidumbre que eso entraña. Las medidas que se toman hoy tendrán un impacto dentro de varios años, con mayores presiones económicas y sociales; pero inevitablemente ese tiempo llega.
La evidencia general es que el envejecimiento de la población, la menor tasa de crecimiento del producto, la poca generación de empleos remunerativos que permitan cotizar mientras se trabaja y la precariedad de los salarios, apuntan todos a un entorno de mayor conflicto en materia de pensiones.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que para la generación a la que se llama de los millennials, que entran a la fuerza de trabajo, la expectativa es que las pensiones públicas no proveerán una red de seguridad como para las generaciones anteriores. Así que tienen que complementar el ingreso destinado al retiro. Esta es la diferencia entre el ahorro forzoso y el voluntario.
Esta consideración ha quedado ya clara para los trabajadores mexicanos que se jubilarán con la reforma de 1997 aplicada al sistema de pensiones. Ésta lo sacó de la bolsa que concentraba el gobierno y que se hizo inviable por muchas razones, incluyendo las non sanctas, y lo pasó a otro de cuentas individuales que administran las Afores. La expectativa de jubilación es ahora bastante pobre para la gran mayoría de la gente.
Esta es una especie de “Trampa-22”, una situación que entraña la paradoja en la que un individuo tiene que complementar su ingreso futuro para el retiro, cuando el salario actual es insuficiente o de plano no existe.
El caso, entonces, es que en el rango de las personas ya jubiladas las pensiones no alcanzan y, en el otro extremo, el de los jóvenes en edad de trabajar, los ingresos tampoco son suficientes para complementar una pensión esperable.
Esta es una verdadera pinza que representa una fuerte presión social en un entorno en el que la cantidad de empleo es insuficiente y los ingresos que se reciben también. Y cuando, además, hay un proceso de envejecimiento de la población que agrava el conflicto.
El tru tru del FMI plantea que la tasa de personas que trabaja debe aumentar y, además, tienen que elevarse las sumas cotizadas para las pensiones. Esto no puede conseguirse si no se crea más empleo y con ingresos suficientes, algo que estructuralmente hoy no ocurre. Pero incluso esto no llevaría una pensión que repusiera el salario que se obtenía mientras se trabajaba.
Las pensiones son transferencias para soportar los ingresos de los adultos mayores, y tienen una cobertura distinta entre los que las reciben. Son un ingreso que en muchos casos contribuye a contener la pobreza de quienes se retiran del trabajo.
Las pensiones se han convertido en un componente significativo de las cuentas fiscales. En las economías avanzadas representaban 4 por ciento del producto inerno bruto en 1970 y en 2015 habían llegado a 9 por ciento y sigue creciendo.
Ante este costo en aumento y para contener el crecimiento de los pensionados se propone elevar la edad de retiro, lo que no es malo en principio, y restringir las reglas de elegibilidad; también se han de ajustar los beneficios. Esto último es parte de lo que se conoce como la “generosidad del sistema de pensiones”. Un criterio bastante maleable, hasta casi un eufemismo, en un entorno en que las políticas de bienestar no son las más populares. La tendencia parece ir en la dirección de “sálvese quien pueda”.
Desde hace más de 30 años en España el gasto por las pensiones representa alrededor de 35 por ciento del ingreso por habitante (el promedio), esta es la tasa de reposición y el FMI proyecta que hacia 2060 alcance sólo 20 por ciento.
El escenario, otra vez, apunta a que para superar ese reducido monto de apenas una quinta parte del ingreso promedio esperable, los trabajadores jóvenes habrán de alargar su vida laboral. Quienes empiecen a retirarse en 2050 y pospongan el tiempo de trabajo cinco años, podrían estrechar sólo la mitad de la brecha del ingreso con respecto a los que están hoy ya pensionados. Y todo esto supone que la situación política y social podrá sostenerse sin conflictos exacerbados, que la gente aceptará esas condiciones. Hoy los pensionados españoles no lo hacen.