Legalizar consumo de mariguana con fines recreativos acotaría violencia en universidades
Sólo cuatro de cada 100 jóvenes que la fuman se vuelven dependientes del cannabis De alumnas, 80% de quejas por violencia de género en la UNAM Debe revisarse el protocolo contra agresores
Autorizar el consumo de la mariguana con fines recreativos podría ser una alternativa para reducir la violencia relacionada con el narcomenudeo en las universidades, de acuerdo con académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Herminia Pasantes, investigadora emérita del Instituto de Fisiología Celular, explicó las bases neuronales de la acción de las drogas y expresó que las políticas actuales no distinguen entre el uso, el abuso y la adicción.
En la conferencia Drogas: ¿legalización o escandalización?, celebrada esta semana en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (Ceiich) de la UNAM, la experta manifestó que le molesta que se considere el uso de la mariguana como un problema de salud pública, pues no lo es. Los consumidores están enfermos en el momento en el que presentan la adicción y sólo uno por cada 100 adultos que consumen mariguana son adictos, así como cuatro de cada 100 jóvenes.
En cambio, la violencia derivada de la política para combatir el uso de las drogas sí es un problema, dijo. “La compra ilegal favorece la corrupción y la extorsión. Lo que tenemos que hacer es proteger a nuestros jóvenes de los entornos negativos y evitar que consumir mariguana los lleve a la cárcel”.
La investigadora explicó que hasta el momento no hay estudios que indiquen una disminución en el coeficiente intelectual por su uso, ni tampoco se ha relacionado su consumo con la deserción escolar ni con el incremento de otras adicciones.
“Ni los grandes detractores han podido probar que la mariguana sea la puerta de entrada para otras drogas más fuertes, como sí lo podría ser el alcohol. Y los datos son muy claros: mientras el consumo de mariguana va en aumento, el de otras drogas ha
Hoy las políticas no distinguen entre uso, abuso y adicción a la droga, advierten académicos
permanecido estable, si una fuese dependiente de la otra, las pendientes de crecimiento tendrían que ser paralelas”, concluyó la investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores.
Javier Flores, profesor de la Dirección General de Divulgación El Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuya revisión fue demandada esta semana por alumnas, entró en vigor en agosto de 2016. De acuerdo con un informe oficial, en su primer año se recibieron 234 quejas por posibles hechos de violencia de género, 80 por ciento presentadas por alumnas.
Y si bien la universidad inició algún procedimiento contra 150 de los 176 presuntos agresores que podía sancionar, la institución reconoce en el documento que el protocolo debe ser revisado para fortalecer la investigación, sanción y reparación de la violencia de género.
El protocolo es un instrumento jurídico en el que se establecen políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y tratamiento de casos de violencia de género en la UNAM. de la Ciencia de la UNAM, dijo que si bien el consumo de la mariguana ha crecido en México, es muy bajo si se compara con el de otros países. De acuerdo con el Observatorio Interamericano de Drogas 2015, alrededor de 1.2 por ciento de la población la ha consumido
Éste se aplica a los hechos ocurridos tanto dentro de las instalaciones universitarias como fuera de ellas, siempre y cuando estén involucrados integrantes de su comunidad. Si el acto de violencia de género cometido es un delito y quien interpone la queja decide emprender acciones legales, la institución le brinda apoyo.
Las sanciones que puede imponer la UNAM a los alumnos pueden ir desde una amonestación hasta la expulsión definitiva, para el personal académico o administrativo van de amonestaciones hasta suspensiones o la rescisión de su contrato.
Alumnas que participaron en las manifestaciones de esta semana en la universidad –donde hubo paros de labores y una marcha para demandar la mejora de las políticas institucionales en esta materia–, refirieron a este diario que consideran que la implantación del protocolo no ha sido eficiente, argumentan que la atención alguna vez, mientras que en Estados Unidos y Canadá el porcentaje es mayor a 40 por ciento.
Consideró que “la universidad debería proponer a toda la nación la legalización de la mariguana con fines lúdicos, porque eliminaría automáticamente de las denuncias es lenta, las sanciones a los presuntos agresores se posponen y las quejas se desestiman con frecuencia.
En el reporte más reciente, que corresponde al periodo entre 29 de agosto de 2016 y 12 de junio de 2017, se indica que 96.6 por ciento de quienes han presentado una queja por hechos de violencia de género son mujeres y 96 po ciento de los agresores denunciados son hombres.
Se informa que 45.9 por ciento de las mujeres que presentan una queja tiene entre 18 y 24 años de edad, seguidas por 23.5 que tiene entre 25 y 35 años.
En tanto, 47.8 por ciento de los presuntos agresores son alumnos, 24.1 académicos y 12.8 personal administrativo y el resto personas externas a la universidad.
De cada cien alumnas que presentaron una queja, 85 son el contacto de los jóvenes con los delincuentes”.
Julio Muñoz Rubio, investigador del Ceiich, opinó que no se puede seguir adelante con esta sociedad de la prohibición, ni con el enfoque que hasta ahora se ha aplicado para combatir a las drogas. de licenciatura y 15 de bachillerato. Paralelamente, 71.3 por ciento de los presuntos agresores son del nivel superior y 23.4 del medio superior.
Los tipos de violencia de género que se presentan con mayor frecuencia son: sexual (50.4 por ciento de los casos), sicológica (29.9), acoso sin connotación sexual (19.7), así como física y discriminación por género (14.1 por ciento).
En el caso de violencia sexual las principales conductas que se identifican son el abuso, en 20.9 por ciento; el acoso sexual, en 12, y el hostigamiento, en 11.5 por ciento.
En el documento se plantea la necesidad de ampliar las capacidades la Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias –instancia universitaria que procesa las quejas–, la implantación de una estrategia para combatir el rezago procesal del Tribunal Universitario para sancionar los casos y mayor capacitación para el personal jurídico de la universidad.