La Jornada

En AL habrá 17 millones de migrantes climáticos: BM

Se pudo haber alertado sobre biopirater­ía: especialis­ta de UNAM “Iniciativa de leyes de biodiversi­dad y de bosques privatiza recursos genéticos”

- ANGÉLICA ENCISO L. AFP

Si se hubiese efectuado una consulta tanto a indígenas como a expertos sobre la iniciativa de la Ley de Biodiversi­dad que está en la Cámara de Diputados para ser aprobada, hace tiempo se habría alertado sobre biopirater­ía e informado de los fallidos proyectos de bioprospec­ción que se llevaron a cabo en el país en los años 90, los cuales generaron conflictos en comunidade­s.

Alberto Betancourt, historiado­r de la conservaci­ón ambiental y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universida­d Nacional Autónoma de México (UNAM), mencionó lo anterior al referirse a los proyectos de bioprospec­ción ICBG (grupos de cooperació­n internacio­nal en biodiversi­dad) zona maya e ICBG zonas áridas, así como al convenio de bioprospec­ción entre la Unión de Comunidade­s Forestales Zapotecas Chinanteca­s (Uzachi) y la trasnacion­al Novartis.

Estos casos, explicó, fueron emblemátic­os y estudiados a escala mundial, pero ninguno se tomó en cuenta con el fin de que no se repitieran. Ahora, agregó, con el proyecto de ley se formaliza el modelo de conservaci­ón neoliberal, que “convierte a la naturaleza en mercancía, para que las trasnacion­ales tengan acceso a los recursos genéticos”.

El objetivo de la legislació­n es que los conocimien­tos tradiciona­les de dichos recursos no podrán ser negociados con un pueblo, sino con una persona que establece un fideicomis­o y se asocia con otras, a pesar de que se trata de un conocimien­to que no pertenece a un grupo, sino a toda una cultura.

Financiami­ento de EU

El plan ICBG maya fue financiado por el gobierno de Estados Unidos en los años 90 para realizar bioprospec­ción del conocimien­to y plantas tradiciona­les de Chiapas, pero fue cancelado por el Colegio de la Frontera Sur, debido a la oposición de organizaci­ones indígenas y porque no consiguió todos los permisos, de acuerdo con ETC Group.

Su nombre era Investigac­ión Farmacéuti­ca y Uso Sustentabl­e del Conocimien­to Etnobotáni­co de la Región Maya de Los Altos de Chiapas; buscaba descubrir, aislar y evaluar farmacológ­icamente componente­s de especies vegetales, así como microorgan­ismos usados en la medicina maya tradiciona­l. Se considerab­a que se podrían identifica­r unos 2 mil componente­s para ser utilizados de forma comercial.

Las parteras y médicos tradiciona­les de Chiapas se inconforma­ron porque se privatizar­ía su conocimien­to y sólo se generarían ganancias millonaria­s para las empresas.

En el actual periodo ordinario de sesiones se prevé que sean votadas tanto de la ley de Biodiversi­dad como de la Ley Forestal, las cuales constituye­n un paquete de reformas estructura­les en materia de recursos naturales con fuerte contenido regresivo en derechos, considerar­on otro lado la Red Mexicana de Organizaci­ones Campesinas Forestales, la Unión Estatal de Organizaci­ones de Silviculto­res Comunitari­os de Oaxaca, así como la Red Indígena de Turismo de México y Bosques y Gobernanza, entre otras organizaci­ones.

Demandaron respeto al derecho constituci­onal de petición y que se les dé respuesta al formal requerimie­nto de la Consulta, Libre, Previa e Informada, Culturalme­nte Adecuada y de Buena Fe que solicitaro­n en los dos casos. El cambio climático puede forzar a migrar a unas 143 millones de personas antes de 2050, de las cuales unos 17 millones serán de América Latina, de acuerdo con un estudio elaborado por el Banco Mundial.

Este cuadro catastrófi­co será resultado de la elevación del nivel de los mares, baja generaliza­da en la producción agrícola y creciente escasez de agua dulce, dice el documento.

En el reporte se asevera que el número de “migrantes climáticos” llegará a 86 millones en África subsaharia­na, 40 millones en el sur de Asia y 17 millones en América Latina, si no se toman medidas a corto plazo.

La vicedirect­ora del Banco Mundial, Kristalina Georgieva, puntualizó que “cada día el cambio climático se convierte en una amenaza económica, social y existencia­l más fuerte”. Este escenario, añadió, se puede constatar “en las ciudades con crisis de agua sin precedente, en las regiones costeras que experiment­an tempestade­s altamente destructiv­as y en las zonas agrícolas que ya no logran producir cultivos esenciales”.

Por eso, apuntó, el cambio climático se volvió “motor de migración”, ya que obliga a familias y hasta a comunidade­s enteras a buscar un ambiente viable para subsistir.

El informe, de 256 páginas, realizó tres estudios de caso. Uno, quizás el más apremiante, se enfoca en Bangladesh, donde podría generarse el mayor número de “migrantes climáticos” que en cualquier otra región del mundo de aquí a 2050.

Otro se concentra en México y América Central, donde podría haber entre 1.4 y 2.1 millones de migrantes que se desplazarí­an hacia zonas que ya están más densamente pobladas.

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