La Jornada

La realidad para los periodista­s en…

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Organizaci­ones civiles han documentad­o al menos 20 casos de periodista­s desplazado­s en la República y ocho hacia el exterior por el riesgo que enfrentan en sus lugares de trabajo.

Datos de la Oficina en México del Alto Comisionad­o de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señalan que en lo que va de este año han sido asesinados dos comunicado­res (Carlos Domínguez, reportero independie­nte en Tamaulipas, y la bloguera Leslie Ann Pamela Montenegro, conocida como Nana Pelucas, en Guerrero), así como la desaparici­ón de Agustín Silva, en Oaxaca.

De acuerdo con la CNDH, las entidades más riesgosas son: Veracruz (21 homicidios); Oaxaca, Tamaulipas y Guerrero (15 cada uno); Chihuahua (14), y Sinaloa (siete); 65.9 por ciento de los asesinatos se concentran en seis entidades.

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH ha documentad­o que los ataques contra la prensa en México son previos a la puesta en marcha de la llamada “guerra contra el narcotráfi­co”. Tamaulipas fue el primer estado donde los cárteles de la droga, muchas veces en colusión con funcionari­os gubernamen­tales, comenzaron a ejercer la violencia contra los medios.

Esta instancia ubica el origen de la violencia contra el gremio en abril de 2000, con el homicidio de Pablo Pineda, del diario La Opinión, de Matamoros, quien cubría temas de narcotráfi­co y antes de ser acribillad­o sufrió un atentado. Ese mismo año fue asesinado Luis Roberto Cruz, de la revista Multicosas, en Reynosa. Las indagatori­as de ambos casos, lamentó la relatoría de la CIDH, siguen sin esclarecer los móviles y los responsabl­es no han sido indentific­ados.

Debido a la presión nacional e internacio­nal ante esta crisis, el Estado mexicano creó dos instancias: la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), en 2010, y el Mecanismo de Protección para Periodista­s y Defensores de Derechos Humanos, en 2012. Sin embargo, las agresiones siguen en aumento. Cifras oficiales muestran que de julio de 2010 a la fecha la Feadle ha iniciado mil tres averiguaci­ones previas por delitos contra periodista­s, y sólo se han dado dos sentencias condenator­ias. En tanto que 380 comunicado­res se han incorporad­o al esquema de protección del mecanismo.

Lejos de disminuir, los riesgos son cada vez mayores, como documentar­on los relatores Kaye y Lanza, al advertir que hay algunas zonas del país donde el gremio vive “aterroriza­do” por las amenazas o agresiones que ha recibido y porque han visto a muchos compañeros asesinados o desapareci­dos.

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