Demanda la CNDH la erradicación del hostigamiento a activistas en AL
González Pérez participa en reunión de ombudsman iberoamericanos
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la constitucionalidad del resguardo domiciliario como medida cautelar de una persona procesada por delito, al señalar que se trata de una acción previsoria alternativa, menos gravosa a la prisión preventiva, tiene una temporalidad, no se equipara a figuras como el arraigo y que únicamente procederá cuando otras medidas no sean idóneas y suficientes para cumplir las finalidades perseguidas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugnó la constitucionalidad del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que dice que a solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado el resguardo en su propio domicilio como medida cautelar.
Sin embargo, el pleno avaló ayer la constitucionalidad al determinar que los argumentos que se presentaron son infundados, pues el resguardo debe entenderse como alternativa prevista en el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución federal, por lo que concluyó –seis votos contra cinco– que el artículo en cuestión es constitucional.
Por otra parte, la Corte resolvió que es constitucional que las medidas cautelares sean por el tiempo que sea indispensable para garantizar que el imputado se presente a juicio, que se proteja a la víctima, testigos o a la comunidad o que se desarrolle correctamente la investigación, así como en casos de El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, llamó a sus homólogos de Iberoamérica a impulsar la erradicación del hostigamiento y las agresiones contra activistas de organizaciones civiles de varios países de América Latina, muchos de los cuales han sido asesinados en fechas recientes.
En el 22 Congreso y Asamblea General de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, González Pérez reprobó las acciones que ponen en entredicho la independencia y autonomía con que los defensores de derechos humanos trabajan para proteger a la sociedad, por lo cual propuso analizar este problema y que se haga del conocimiento de los relatores especializados tanto de la Organización de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Manifestó su solidaridad con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, Melba Adriana Olvera Rodríguez, víctima de hostigamiento por defender los matrimonios igualitarios en esa entidad; así como con los defensores del pueblo de Guatemala y Ecuador, “ante las presiones gubernamentales que enfrentan para realizar su trabajo”.
González Pérez analizó la situación que guardan los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, mujeres, migrantes, víctimas de trata y personas afrodescendientes, además de participar de manera activa en la elaboración de propuestas para mejorar la defensa de los derechos de esos grupos.
En la reunión sobre Migrantes y Trata de Personas, pidió a sus homólogos reforzar la comunicación entre las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) con la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos, y hacer uso intensivo del Protocolo de Atención a Migrantes, para que se convierta en herramienta básica de apoyo a las personas en contexto de migración.