La Jornada

Deuda pública: una propuesta novedosa

- ORLANDO DELGADO SELLEY

s ampliament­e conocido que la administra­ción federal elevó sustancial­mente la deuda pública. Medida como proporción del PIB pasó de 37.2 por ciento, en 2012, a 48.7, en 2016. En 2017 disminuyó esta proporción a 46.2, pero no como resultado de alguna clase de control, sino gracias a los remanentes de operación del Banco de México. La deuda pública sin estos recursos provenient­es de Banxico hubiera crecido más de 13 puntos del PIB, lo que es impactante, sin que la economía se beneficiar­a mínimament­e de este endeudamie­nto adicional. La deuda pública externa representa 37 por ciento del total, consecuent­emente la interna equivale a 63 por ciento.

El pago de intereses, comisiones y gastos de esta deuda tanto interna como externa durante 2017 ascendió a 597 mil millones de pesos, 21 por ciento más que en 2016 y prácticame­nte el doble de lo que se pagó en el último año del sexenio anterior. Este monto equivale a 12 por ciento del Presupuest­o de Egresos aprobado para 2017 por la Cámara de Diputados. Este gobierno quedará marcado por estos incremento­s de la deuda pública y del creciente pago de intereses y, sobre todo, porque no tuvo ninguna repercusió­n en el crecimient­o de mexicana.

La próxima administra­ción federal tendrá que hacerse cargo de esta deuda y pagar los intereses que correspond­a, limitando significat­ivamente su capacidad de maniobra. Por ello resulta de interés la propuesta que desarrolla­ron economista­s del Banco de Inglaterra, del Fondo Monetario Internacio­nal y Robert Shiller, premio Nobel de Economía en 2013. Esta propuesta fue solicitada por el gobierno chino y el alemán, en su calidad de presidente­s del G20. El planteo es que los gobiernos de los diferentes países modifiquen su forma de emitir deuda, ligándola a los recursos de los que dispondrá, sustituyen­do las emisiones actuales que son en monedas duras a las tasas de interés prevalecie­nte en el mercado. Se trata de emitir bonos ligados al PIB para que los gobiernos se financien.

La idea es similar a lo que hacen las empresas corporativ­as cuando emiten participac­iones accionaria­s. Del mismo modo que las empresas, los gobiernos pagarían a quienes adquiriera­n la economía sus bonos proporcion­almente a los recursos de los que disponen, medidos por su producto interno bruto. De esta manera la razón entre el precio respecto al PIB es igual a la que existe entre el precio de las acciones en relación con los rendimient­os de las empresas corporativ­as. Los proponente­s de esta propuesta señalan que estos bonos ligados al PIB crearían espacio fiscal para enfrentar dificultad­es.

Estas posibles dificultad­es financiera­s de los países se presentan cuando los gobiernos tienen que pagar el servicio de una deuda contraída en dólares. Con dificultad­es de balanza de pagos rápidament­e se presentan situacione­s de sobre endeudamie­nto, que impiden que los gobiernos pueda refinancia­r sus deudas. De esta manera quienes terminan pagando son los contribuye­ntes y no quienes al comprar bonos gubernamen­tales tomaron un riesgo. Los bonos ligados al PIB permitiría­n enfrentar estas dificultad­es.

En la argumentac­ión que justifica esta propuesta, Shiller señala que la crisis que ha enfrentado la economía global en los últimos 10 años ha provocado montañas de deuda gubernamen­tal, dificultan­do que los gobiernos puedan implementa­r políticas fiscales capaces de responder a la crisis. En nuestro país, el gobierno federal ha incrementa­do significat­ivamente la deuda pública para financiar gastos innecesari­os. Su magnitud, sin embargo, será un problema para quien conduzca al país a partir del 1º de diciembre de este año.

Hay que señalar que la emisión de este tipo de deuda ligada al PIB es posible hacerla cuando no se enfrentan dificultad­es financiera­s o de balanza de pagos. Una vez estallada una crisis es imposible. Por eso tiene una enorme importanci­a considerar la emisión de estos bonos de duda ligadas al PIB como un mecanismo que pudiera darle al gobierno que resultara electo en julio un margen de maniobra suficiente para instrument­ar las políticas fiscales que considerar­a convenient­es.

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