Falta de recursos mantiene atada de manos a fiscalía que indaga ataques a periodistas
Dos jovencitas se encontraban en el techo de una camioneta tipo pick up, estaban tomándose una selfie cuando el ala de la avioneta las golpeó. Las mujeres fueron identificadas como Nitzia Mendoza Corral, de 18 años de edad, y Clarissa Morquecho Miranda, de 17.
Nitzia era originaria de Navojoa, Sonora, y estudiaba el segundo semestre de la carrera de derecho en su tierra natal. Clarissa era del poblado de Palmarejo, ubicado a 40 minutos de Chínipas, y cursaba el sexto semestre de preparatoria en su localidad; ambas eran amigas.
Según testimonios recogidos por periodistas locales, de la aeronave descendió Juan Carlos Moreno Ochoa y dos hermanos Vega Villa. Minutos después del percance en el que las chicas perdieron la vida la avioneta volvió a elevarse.
Lo sucedido en Chínipas quedó registrado en las constancias ministeriales que fueron leídas durante las audiencias de vinculación a proceso contra El Larry por el homicidio de Miroslava Breach, y en las declaraciones ministeriales que obtuvo la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua una testigo de identidad reservada dijo haber comentado lo sucedido con Jaciel Vega Villa en Chínipas, el 27 de marzo, cuando se alistaban para acudir a la feria del pueblo, pero no hay más datos de esa investigación. Año con año la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) se ha visto afectada en su presupuesto para investigar casos de ataques a periodistas.
El máximo presupuesto asignado para la operación de la fiscalía fue en 2014, cuando se le asignaron 39 millones de pesos; hoy, con apenas 17.99 millones, la Fedale debe sacar el trabajo acumulado y, de autorizarlo un juez federal, sería la encargada de atraer la investigación por el homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, cometido hace un año.
A cargo de Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, la fiscalía, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), además de ser desmantelada en su presupuesto, enfrenta otros problemas, como la carga de trabajo que ha quedado rezagada y la poca difusión que hay sobre los avances en cada una de las averiguaciones previas o carpetas de investigación.
De acuerdo con información de la propia dependencia, en los pasados seis años se registraron 798 denuncias por agresiones contra periodistas, sin embargo, no se conoce en qué estatus se encuentran.
El 16 de abril, el director de la Policía Estatal Única de Chihuahua, Óscar Aparicio Avendaño, declaró que con la misma arma utilizada en el ataque contra Miroslava Breach había sido asesinado el piloto que presuntamente habría trasladado a Juan Carlos Moreno y Jaciel Vega Villa a Chínipas.
El funcionario declaró que las investigaciones de campo habían establecido la relación de ambos casos tras el análisis de los cartuchos. De este caso, y aunque se conocen el nombre de la víctima y de la empresa para la que trabajaba, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles.
El 18 de abril un hombre de la tercera edad que se dedicaba a cuidar gallos de pelea, identificado como Gabriel Ochoa, fue asesinado horas después de que el gobernador Javier Corral informó que los asesinos –intelectual y material– de Miroslava Breach habían sido identificados.
No todas las querellas han llegado a una investigación por parte del agente del Ministerio Público de la Federación. En 2012, la PGR, por medio de la fiscalía, inició 11 averiguaciones previas; en 2013, 179; para 2014 abrió 167, mientras en 2015 fueron 116.
Para 2016 se inició averiguación previa en 21 casos, y bajo el nuevo sistema de justicia penal se abrieron 95 carpetas de investigación, mientras para 2017 fueron 15.
En total suman 604 expedientes a escala federal por agresiones contra periodistas.
Chihuahua y Veracruz, con 16 homicidios de comunicadores cada entidad; Tamaulipas, 13, y Guerrero, 12, son las entidades más difíciles para ejercer el periodismo.
Ataques recientes
A estos casos se suman los de los periodistas Leobardo Vázquez, en Veracruz; Carlos Domínguez, en Tamaulipas, y la bloguera de sátira política Pamela Montenegro, en Guerrero, asesinados en lo que va de 2018.
La Feadle, encargada de dirigir, coordinar, supervisar las investigaciones y perseguir los delitos cometidos contra periodistas,
Junto con el cuerpo, las autoridades localizaron un arma calibre 38 y una cartulina supuestamente firmada por Arturo Quintana Quintana, El 80, líder del grupo delictivo La Línea, en la que supuestamente se mencionaba que la persona asesinada era quien había disparado contra la periodista y esa era el arma (la pistola sí fue la que utilizaron para agredir a la corresponsal de La Jornada).
Una semana después la autoridad estatal determinó que el mensaje encontrado junto al cadáver era un distractor, similar a la cartulina que los asesinos materiales de Breach Velducea dejaron a un lado de la camioneta de la periodista.
El 19 de diciembre, en Álamos, Sonora, fue localizado el cadáver de Ramón Andrés Zavala, identificado por la Fiscalía General de Chihuahua como el tirador que quitó la vida a Miroslava Breach Velducea. comenzó en 2010 con un presupuesto de 695 mil pesos. La escasez de recursos se vio reflejada al siguiente año, con 636 mil pesos.
Para 2012 el monto fue de 3 millones de pesos; entre 2013 y 2014, la dependencia recibió la mayor bolsa para poder operar, 38 y 39 millones de pesos, respectivamente. Sin embargo, el interés por mantenerla con un presupuesto operacional comenzó a disminuir.
En 2015 las recursos bajaron a 28.89 millones de pesos; en 2016 tuvo una nueva disminución, al situarse en 25.1 millones, hasta llegar a 18.43 millones en 2017. Este año es el peor durante la presente administración, ya que sólo se le asignaron 17.99 millones de pesos, pese a que las agresiones contra periodistas continúan.
A mediados del año pasado la PGR ofreció una recompensa de 1.5 millones de pesos para quien proporcionara información para dar con los responsables de los homicidios de los periodistas Miroslava Brech Velducea y Javier Valdez Cárdenas, corresponsales de La Jornada en Chihuahua y Sinaloa, asesinados el 23 de marzo y el 15 de mayo, respectivamente.