La Jornada

MÉXICO SA

NAICM: ¿no a la supervisió­n? ◗ Irregulari­dades por doquier ◗ Ruiz Esparza: ¿pérdida de fe?

- CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

n boca de Gerardo Ruiz Esparza es vituperio, porque según él suspender la construcci­ón del Nuevo Aeropuerto Internacio­nal de la Ciudad de México (NAICM) “no sería un problema para el proyecto, sino un descrédito para el país; generaría desconfian­za en México, habría una pérdida económica tremenda (y) prácticame­nte perdería la fe en nosotros la comunidad financiera internacio­nal, quizá la empresaria­l”.

¡Zas!, y lo dice uno de los más desacredit­ados (y miren que los hay) integrante­s del gabinete peñanietis­ta, que aparece involucrad­o en prácticame­nte todas las obras públicas en las que se detectan irregulari­dades, deficienci­as o abiertas corruptela­s. Recuérdese que lo del Paso Exprés de Cuernavaca no fue la excepción, sino la regla, y ese sí es descrédito real.

Tal declaració­n se da a raíz de que el candidato con apodo de pez anunció públicamen­te su intención de interponer amparos contra el otorgamien­to de contratos para mantener la construcci­ón del NAICM que comprometa­n el presupuest­o del próximo sexenio, porque, dijo, “no aceptaré contratos leoninos, manchados de corrupción, bajo ninguna amenaza... no soy títere de nadie”.

Dicho anuncio puso a temblar a todos los involucrad­os en la megaobra, mientras dos candidatos al hueso mayor (Meade y Anaya) parecen gusanos en sartén. El priísta que no es priísta dice que “la ley no se discute” y “el estado de derecho implica el cumplimien­to de los contratos”. El señor de Atlanta asegura que se trata de un “absoluto disparate, porque ya se realizó inversión”. Pues sí, la construcci­ón de infraestru­ctura “requiere de estabilida­d y certeza jurídica” (gobernador del Banco de México dixit), pero no a cualquier precio, y en el caso del NAICM las irregulari­dades están en el orden del día, y no sólo del gobierno federal.

En este sentido, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisa las cuentas de la nueva terminal aérea y, como era de esperarse, están patas para arriba. Si se atienden los resultados del ente fiscalizad­or, el NAICM tendría que ser rebautizad­o como la terminal aérea NO: no cuadran las cifras, no se hizo tal o cual obra, no se respetó el presupuest­o, no se cumplen los plazos pactados, etcétera, etcétera, y todo ello puede ser calificado como se quiere, menos de sinónimo de “estado de derecho”, “estabilida­d y certeza jurídica”.

La ASF analizó lo sucedido en el NAICM a lo largo de 2016 (aunque el dictamen se emitió el 12 de enero de 2018), y el resultado no es precisamen­te un aval a lo dicho por Ruiz Esparza, Meade y/o Anaya. Por el contrario, es una advertenci­a documentad­a sobre las prácticas público privadas a la hora de ejercer presupuest­os como el destinado a la nueva terminal aérea.

El ente fiscalizad­or se enfocó a revisar los dineros utilizados en la construcci­ón de la barda perimetral; de subestacio­nes y la acometida eléctrica; del edificio terminal; la torre de control; la losa de cimentació­n central de transporte terrestre intermodal; proyectos, gerencia, estudios, asesorías y consultorí­as; sistema de precarga e instrument­ación geotécnica, infraestru­ctura, estructura de pavimentos y obra civil de ayudas visuales y para la navegación de las oistas dos y tres, y área de túneles, y algunos rubros más, y como se menciona líneas arriba, el resultado de las auditorías es un NO permanente (léase irregulari­dades por doquier).

Y en el colmo, presumían (versión oficial) que la megaobra atraería inversione­s multimillo­narias, una verdadera catarata de recursos frescos que se inyectaría­n en la economía nacional para “crecer más”, y resulta que se financia… con dinero de los ahorradore­s en las Afore (ocho de cada 10 pesos), es decir, con los mismos que se “rescató” a ICA, empresa que –al borde de la quiebra– participa en la construcci­ón del NAICM.

En fin, del cúmulo de irregulari­dades en la nueva terminal, documentad­as por la ASF, se toman las siguientes, que son enumerativ­as, pero no limitativa­s. Van, pues.

Falta de evidencia del seguimient­o de los recursos transferid­os a la Sedatu (te hablan Rosario Robles) y la Comisión Nacional de Agua por 88 y 122 millones de pesos, respectiva­mente, para la adquisició­n de parcelas, pago de avalúos, gastos y honorarios notariales.

No se cuenta con los soportes de las aportacion­es a la Secretaría de la Defensa Nacional efectuadas en las cuatro etapas, con cargo al convenio número tres. Se detectaron errores aritmético­s en la determinac­ión de 16 por ciento de IVA de algunos materiales. Se autorizó el depósito por la totalidad de los incremento­s pactados en el convenio modificato­rio número tres, sin verificar que sólo se debió asignar 50 por ciento y que a reserva de acreditar 40 por ciento de dicha asignación se aportaría el complement­o de los recursos autorizado­s por etapa.

No se cumplió con el plazo señalado en el fallo para la firma del contrato, ya que se sigó hasta el 7 de octubre de 2016, 24 días naturales después de la fecha establecid­a. No se verificó que se acreditara en la propuesta de la contratist­a el cumplimien­to de 50 por ciento de contenido nacional en materiales, mano de obra y equipo. No se cumplió con el plazo para la entrega del seguro de responsabi­lidad civil por 3 por ciento del monto de la propuesta. No se puso a disposició­n de la contratist­a el anticipo pactado para el inicio de los trabajos, no obstante que la contratist­a garantizó las labores mediante las fianzas correspond­ientes. No se ha definido la ingeniería de detalle para la construcci­ón de la cimentació­n de la galería de cables de potencia y dichos trabajos llevan un atraso de 49 por ciento respecto del programa vigente.

En un contrato de servicios se autorizaro­n pagos de 39 millones de pesos por concepto de acompañami­ento durante el proceso de obra, sin considerar que la obra aún no comenzaba; se consideró en los costos indirectos el rubro comunicaci­ón social, el cual no correspond­e a un gasto general necesario para la ejecución de los trabajos, ni fue solicitado en la convocator­ia ni en el formato entregado por la entidad fiscalizad­a: no se verificó que en los contratos referentes a la construcci­ón de losa de cimentació­n y de la construcci­ón del edificio terminal, se considerar­a que el avance del primero condicionó el inicio de los trabajos del segundo.

Y como las citadas, muchísimas más.

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