PGR: no toca a la CNDH indagar el caso Iguala
Tras el informe de labores 2017 del ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, en el cual refiere que si bien han sido aceptadas las recomendaciones por violaciones a los derechos humanos y éstas presentan deficiencias, la Procuraduría General de la República (PGR) salió en defensa de su proceder y mencionó que los hechos que originaron las 13 recomendaciones ocurrieron en otros años.
Cuatro días después del informe de la CNDH, la PGR puso énfasis en el expediente conocido como caso Iguala, por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La dependencia, a cargo de Alberto Elías Beltrán como encargado de despacho, enfatizó que la investigación es responsabilidad de la PGR y no de la CNDH.
“Es importante recalcar que la investigación de los lamentables hechos en Iguala es responsabilidad directa de la PGR, en términos de lo establecido en la Constitución, y la CNDH no puede sustituirla en sus funciones, las que están claramente determinadas en las normas jurídicas respectivas”, subrayó.
En ese sentido dijo que la función de la CNDH es detectar si hubo violaciones a derechos humanos más no investigar, y que en relación con el cumplimiento de las observaciones formuladas por el organismo la PGR envió las constancias de lo que se hace al respecto, pero “lamentablemente la CNDH, por razones que se desconocen, ha omitido dar una respuesta a la PGR sobre lo que le es remitido”.
Informó que los hechos que originaron las 13 recomendaciones contra la PGR en 2017 ocurrieron en otros años: dos en 2009, una en 2011, una más en 2012, cuatro en 2014, cuatro más en 2015 y otra en 2016.
“No obstante lo anterior, las recomendaciones se han atendido y están en proceso de cumplimiento”, agregó. De Estados Unidos son enviadas por paquetería a México. A simple vista parecen pedazos de fierro, refacciones de algo, pero en manos de expertos son piezas de armas de fuego.
Así es la nueva forma en que operan los cárteles mexicanos para adquirir su armamento. Luego son ensambladas en territorio mexicano y así evitan que sean rastreadas. A esto se agrega una ley mexicana endeble.
“La forma de ingreso de las armas son con prestanombres, quienes legalmente adquieren las armas en Estados Unidos y luego las pasan a México. Otras son robadas. Un tercer método, el más novedoso, es que entran en partes por medio de empresas de paquetería”, afirma Luis Esteban Islas Bacilio, titular de la Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad Privada de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
Esa forma de operar no está fuera de la ley estadunidense, que permite el envío de componentes que, al ser piezas sueltas, no están considerados armas de fuego y pueden pasar la frontera sin problema alguno.
“Hay que modernizar nuestra Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ser más claros en el tipo penal, en las sanciones específicas para el tráfico de partes y componentes; por ejemplo, no regula ni se contempla sanción para el tráfico por paquetería. Hay que actualizarnos”, enfatizó.
Entrevistado por La Jornada, se pronunció por contar con una ley modelo, impulsada por la Organización de las Naciones Unidas, en la que se defina una agenda en común y como primer paso se haga un marco jurídico internacional.
“Como especialista en el tema lo que puedo decir es que evidentemente hay un problema de tráfico de armas en el país que tiene gran impacto en la violencia. Acabamos de ver el enfrentamiento de la Marina en Tamaulipas con el grupo delincuencial que traían armas de alto calibre. No es un problema que México pueda resolver solo”, expresó.
Islas Bacilio explicó que Estados Unidos, Francia, Alemania, Rusia y China concentran la mayor producción de armamento, que oscila entre 1.8 millones de exportaciones con ganancias de 8 mil 500 millones de dólares anuales. Del total, 23 por ciento de ventas al exterior lo hace Estados Unidos.
“Tenemos de vecino al principal país consumidor de sustancias ilícitas y el principal productor de armas. La violencia que tenemos es a consecuencia de esos dos fenómenos. Vamos a seguir teniendo organizaciones criminales fuertes y con arsenales de gran tamaño”, agregó.
De acuerdo con la información con que cuentan las dependencias encargadas de la seguridad y procuración de justicia, el mayor tráfico es de armas largas, tipo AK-47 y M-16, así como de granadas, que entran por la frontera sur de México.
Actualmente el cártel Jalisco nueva generación es considerado la organización criminal con mayor poder de fuego –seguido por el de Sinaloa–, con subametralladoras MP-5, de diseño alemán; lanzacohetes RPG, con el que derribaron un helicóptero tipo Cougar de la Defensa Nacional el primero de mayo de 2015; ametralladoras Barret, y fusiles AR-15 y AK-47.
Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional tiene registradas legalmente alrededor de 2 millones 580 mil armas en manos de ciudadanos, la porosidad de las fronteras permite el paso de gran cantidad de armamento de manera ilícita.
Entre 2010 y 2017 las autoridades mexicanas decomisaron 142 mil armas de fuego, de las que 88 mil eran largas. Además, se detuvo a 49 mil personas por violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
La Sedena sólo tiene registro de 2 millones 580 mil armas en poder de ciudadanos