Emitió CNDH 454 recomendaciones a los tres niveles de gobierno en este sexenio
Para ocho dependencias federales, 62% de los señalamientos, indica en informe
En el actual sexenio se han cometido graves violaciones a las garantías fundamentales: tortura; desaparición forzada; tratos crueles, inhumanos o degradantes; privación de la vida (feminicidios incluidos); detenciones arbitrarias y retenciones ilegales, acreditadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en sus recomendaciones, según su informe 2017, presentado hace unos días ante el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto.
En lo que va de este sexenio se han integrado 274 expedientes de queja calificados como tortura ante la CNDH, los cuales pasaron de 12 expedientes en 2012 a 138 en 2016, en tanto que el año pasado se presentaron 76.
En el mismo periodo se presentaron 5 mil 85 quejas por detención arbitraria, 195 por privación de la vida, 11 por ejecución sumaria o extrajudicial y 89 por desaparición forzada.
Ante estos datos, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, planteó que debe considerarse que la mayoría de los casos no se denuncian ni penalmente ni ante la CNDH, por lo que “es claro que las cifras reales deben ser mayores”.
En estos más de cinco años de sexenio, el organismo ha emitido 454 recomendaciones a autoridades federales, estatales y municipales. De ese total, 284 se concentran en ocho instancias de la administración pública federal: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 68, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) con 67; 36 para la Procuraduría General de la República (PGR), 30 para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 26 a la Secretaría de Marina, 24 para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), 18 del Instituto Nacional de Migración (INM) y 15 para la Secretaría de Educación Pública (SEP).
En 2017, la CNDH emitió 97 señalamientos: 81 recomendaciones ordinarias (que representó un incremento de 14 por ciento con respecto de 2016), cinco por violaciones graves a derechos humanos, ocho del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y tres generales.
Seis fueron las dependencias federales con más recomendaciones durante el año pasado: el IMSS con 19 casos, la CNS y la PGR con 13 cada una, el INM con siete, cuatro para Semar y cuatro más para el Issste.
En la historia de la CNDH y hasta finalizar 2017, las cinco autoridades federales con mayor número de recomendaciones no cumplidas son: la CNS con 63, el IMSS con 50, la PGR con 37, la Sedena con 18 y la SEP con 16. En tanto, los gobiernos Servidores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR) violentaron las garantías a la legalidad y seguridad jurídica en agravio de personas que arrendaban cajas de seguridad de la empresa First National en Cancún, Quintana Roo, al decomisar los bienes y recursos que había en ellas como parte de una investigación por el uso de este servicio por integrantes del crimen organizado, determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El organismo señaló que si bien el cateo en un principio fue autorizado judicialmente, “se omitió informar al juez de control que el estatales con más señalamientos en trámite son Oaxaca con 16, Guerrero con 15, Chiapas con objeto de esa diligencia era una empresa privada abierta al público con giro de renta de cajas de seguridad y resguardo de valores, por lo que al no tener la certeza de que todas las cajas pertenecían a una misma persona, es evidente que no procedía el aseguramiento de ningún bien u objeto que no estuviera relacionado con la investigación ministerial, condición sine qua non para efectuar un aseguramiento”.
Por ello dirigió una recomendación al titular de la PGR, Alberto Elías Beltrán, en la que exigió que, conforme a derecho, se reintegren a la brevedad las pertenencias a los 12, Tabasco con 11 y San Luis Potosí con nueve.
El informe del organismo nacional usuarios de las cajas que aún no hayan sido devueltas y se colabore con la CNDH en la presentación y seguimiento de la queja y denuncia ante la visitaduría general contra los dos servidores públicos y quien resulte responsable por el exceso en la ejecución del cateo.
El organismo nacional acreditó que las irregularidades son atribuibles a un agente del Ministerio Público de la Federación encargado de su ejecución y al fiscal coordinador de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
En su queja, las personas agraviadas refirieron que el 27 de octubre asienta además que durante 2017 se dieron 2 mil 585 asesinatos dolosos de mujeres, de acuerdo con el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cifra 47.29 por ciento mayor respecto de 2015; en tanto, la cifra de mujeres víctimas de lesiones dolosas alcanzó 61 mil 35 casos, contra 56 mil 422 reportados dos años antes.
“En el caso de los periodistas, el escenario no es más alentador”: en el sexenio de Felipe Calderón se registraron en el país 52 homicidios de comunicadores, mientras a ocho meses de que Enrique Peña Nieto deje la Presidencia se ha dado el mismo número de reporteros privados de la vida. De 2000 se han presentado 133 homicidios de estos profesionales, de los cuales 104 se dieron en los últimos dos sexenios. de 2017 los medios de comunicación dieron a conocer el aseguramiento, embargo y sustracción, por elementos de la PGR, de las cajas de seguridad. Aunque acudieron a la empresa para retirar sus pertenencias, no fue posible debido a que ésta se encontraba resguardada por la Secretaría de Marina y posteriormente por la Policía Federal, que les impidieron el paso. La dependencia informó días después que se encontraron millones de pesos en efectivo, tarjetas bancarias clonadas, armas y hasta listados de propiedades de la delincuencia.