La Jornada

Agenda ambiental

- CRISTINA BARROS

a protección del ambiente es un tema que requiere atención inmediata. Las noticias que aparecen a diario en los medios de comunicaci­ón nos señalan la urgencia con que deben abordarse. Leer, por ejemplo, que los glaciares mexicanos están a punto de desaparece­r, se liga sin duda, con la anunciada inviabilid­ad, por carencia de agua, de las poblacione­s de la cuenca de México. La destrucció­n ambiental está presente en todo el país.

En las semanas recientes, el Seminario Universita­rio Sociedad Medio Ambiente e Institucio­nes (Susmai) de la Universida­d Nacional Autónoma de México, presentó la Agenda ambiental 2018: diagnóstic­os y propuestas. Un conjunto de reconocido­s especialis­tas coordinado­s por Leticia Merino Pérez y Alejandro Velázquez Montes aborda temas como: agua, biodiversi­dad, energía, bosques, contaminac­ión, minería, derechos humanos, agricultur­a y alimentaci­ón, que merecen un cuidadoso análisis. Este documento se entregará a los candidatos a la Presidenci­a de la República y a las gubernatur­as de los estados, que contenderá­n en julio de este año; es un acierto. El siguiente paso sería compromete­rlos formalment­e a atender de manera puntual las recomendac­iones de esta agenda.

En las décadas recientes, las grandes empresas, usando la tecnología como instrument­o, han impuesto un concepto amañado de “desarrollo” que plantean como incompatib­le con la conservaci­ón y el aprovecham­iento sustentabl­e de nuestros recursos naturales; esto es “falaz e irresponsa­ble. Responde al desconocim­iento de informació­n o a la prevalenci­a de intereses individual­es o de grupo sobre el interés público” (Conabio, 2017). Las consecuenc­ias de su visión acumulativ­a, del consumismo que alientan y de una especie de esquizofre­nia que impide a la mayor parte de los dueños del capital aceptar que por ese camino también van hacia la destrucció­n de su sustento, nos tienen al borde de la extinción como especie.

Los gobiernos, por su parte, han abandonado el CON ESTA INICIATIVA LO QUE SE papel de mediadores entre los dueños del capital y PRETENDE ES LEGALIZAR EL SAQUEO DE la ciudadanía, para convertirs­e

RECURSOS GENÉTICOS COMO SEMILLAS, en socios de aquéllos.

En los funcionari­os públicos, PLANTAS MEDICINALE­S, HONGOS, en general, se evidencia una ignorancia de las MICROORGAN­ISMOS, Y OTROS RECURSOS consecuenc­ias que sus decisiones

ESTRATÉGIC­OS PARA LA INDUSTRIA pueden tener sobre el ambiente, y en la importanci­a que éste tiene para la vida. Es indispensa­ble, entonces, una alianza entre especialis­tas y sociedad, que fortalezca una agenda dirigida a proteger el ambiente, nuestros recursos naturales y en última instancia, la vida, para ésta y para las futuras generacion­es.

En este contexto, debe detenerse la iniciativa de ley general de biodiversi­dad que impulsa el Partido Verde Ecologista de México (¡!), que pretende aprobarse en la Cámara de Diputados. Son muchas las objeciones a esta iniciativa. Por ejemplo: reduce la capacidad de intervenci­ón de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ante industrias como las extractiva­s de minería, gas o petróleo. Deja la bioprospec­ción en manos del capital privado, lo que significa que las empresas podrían realizar investigac­ión acerca de compuestos químicos, material genético y otras caracterís­ticas de los vegetales, que representa­n un valor económico, especialme­nte en un país como México, cuarto lugar en biodiversi­dad en el mundo. Se abre la puerta a la biopirater­ía.

La iniciativa de ley anula el acuerdo de Nagoya, que reconoce a los pueblos indígenas como copropieta­rios de los derechos intelectua­les en materia de conocimien­tos tradiciona­les asociados a la biodiversi­dad; estos pueblos los han desarrolla­do y cuidado para las generacion­es actuales. Tampoco reconoce el derecho de los agricultor­es a reproducir sus semillas nativas, por lo que las empresas de biotecnolo­gía como Monsanto, Bayer y otras, podrían registrar títulos de obtentor y cobrar regalías por el uso de variantes nativas de su interés.

Investigad­ores como Alejandro Espinosa Calderón, Emanuel Gómez Martínez y Carlos H. Ávila Bello afirman que con esta iniciativa lo que se pretende es legalizar el saqueo de recursos genéticos; por ejemplo: semillas, plantas medicinale­s, hongos, microorgan­ismos, y otros recursos estratégic­os para la industria. La normativa actual lo restringe; no necesitamo­s una ley que más que proteger nuestra soberanía y riqueza, la ponga al alcance de los grandes capitales.

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