Llegará sólo a Ciudad de México el Viacrucis Migrante y se dispersará
El INM entregó 231 permisos de internamiento
La demanda que presentará el ombudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert, en contra del ex presidente Felipe Calderón, el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz y una docena de altos funcionarios ante la Corte Penal Internacional por cometer delitos lesa humanidad, por la represión al movimiento popular de 2006 y 2007, busca demostrar, a 12 años de distancia, que la forma en que actuó el Estado en ese momento es un patrón “sistemático y generalizado de guerra de baja y mediana intensidad, como estrategia de contención de la protesta social”.
Según el informe final de la Comisión de la Verdad para el caso Oaxaca 2006-2007, fueron abatidos 30 civiles durante los ataques de grupos armados a las barricadas.
Peimbert, cuyo cargo al frente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca es transexenal, explicó que en 2016, recién consumada la transición de poderes entre Ruiz y el candidato ganador de la alianza PRD-PAN, Gabino Cué, la consejera de la Comisión de la Verdad, María Eugenia Mata García, le entregó un informe reservado, distinto al que se hizo público, con documentación completa sobre las violaciones a derechos humanos. “Ese reporte señalaba claramente líneas de investigación que no se habían seguido. Era mi obligación abrir esos expedientes y eso fue lo que hice”.
Sin embargo, durante el sexenio de Cué no se cumplieron compromisos de depuración del sistema de procuración de justicia. “Después de algunos años en la defensoría llegamos a la conclusión de que no había posibilidad alguna de lograr justicia a nivel local”. Por ejemplo, frente a la fiscalía supuestamente autónoma, quedó Rubén Vasconcelos, quien fue subsecretario de Gobierno y subprocurador en tiempos de Ruiz. Carlos Santiago ocupó el mismo cargo con Cué. Se impuso el continuismo.
“A raíz de Nochixtlán, en julio de 2016, entendimos que Cué había roto todo compromiso de justicia transicional y privilegió su alianza con el presidente Enrique Peña Nieto. A cambio de dejar soterradas todas las resoluciones que señalaban las violaciones graves en los hechos de 2006 y 2007, pactó la impunidad de las fuerzas federales en los ataques contra los pobladores de Nochixtlán, donde resultaron muertas ocho personas y donde la desproporción del ataque, mil policías, algunos con armas de grueso calibre para desalojar un bloqueo de no más de 30 maestros, quedó grabada por las cámaras de los medios de comunicación”. A la fecha no hay ningún procesado.
Sostiene Peimbert: “Para llevar este caso ante la Corte Penal nos inspiramos en el que presentó Michael Chamberlin, del Comité de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, sobre Coahuila”. Ahí se documenta la acción concertada del grupo criminal de los Zetas con los gobernadores Humberto y Rubén Moreira, y en consecuencia la desaparición comprobada de más de mil 800 personas y las masacres de Allende y Piedras Negras. Por tratarse no de casos aislados, sino de un patrón de violencia sistemática y generalizada, la CPI lo admitió en junio del año pasado.
La demanda del caso Oaxaca 2006-2007 será entregada a más tardar en julio de este año y contará con un corpus jurídico que se apoyará en otros expedientes documentados por la institución: el asesinato en 2010 de los defensores de derechos humanos Bety Cariño y el joven finlandés Jyri Yaakkola, cuando se dirigían a San Juan Copala, en la región Triqui; el del periodista estadunidense Brad Will, muerto por disparos a quemarropa por la policía durante el ataque a un bloqueo popular en Santa Lucía del Camino, en 2006 y la ejecución del líder del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, Heriberto Pazos.
De 2006 a la fecha, la defensoría tiene documentadas 103 ejecuciones extrajudiciales de líderes políticos, autoridades municipales, líderes sociales. Once casos son de periodistas asesinados Los centroamericanos que participan en el Viacrucis Migrante acordaron llegar sólo a Ciudad de México y de ahí pretenden dispersarse para que cada uno busque la ruta que desee, ante el conflicto internacional surgido por la política antinmigrante del presidente estadunidense, Donald Trump.
Por su parte, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) comenzó a otorgar permisos por 20 y 30 días a los participantes del Viacrucis Migrante que ingresó el miércoles al territorio istmeño de Oaxaca y que desde el sábado permanece varado en Matías Romero, ante la falta de transporte que los dirija primero a Puebla y luego a Ciudad de México. sólo en la entidad.
Peimbert calificó el caso Nochixtlán con sus últimos desarrollos violentos, como emblemático de la “rampante impunidad” en su estado. “Es un ejemplo muy vivo, muy documentado, sobre la forma como el Estado agredió a la población. Sin embargo, es un tema silenciado deliberadamente”.
Ante la parálisis de las investigaciones, la semana pasada el
El coordinador del movimiento, Irineo Mújica, precisó que unos 231 permisos fueron entregados a los migrantes, algunos de 20 días para que puedan trasladarse a otro sitio; y el de 30 días para que acudan ante el INM y tramiten visa por razones humanitarias.
“La caravana saldrá este jueves de Matías Romero rumbo a Puebla, donde tendremos un taller con abogados y altos funcionarios especializados en derechos humanos. Posteriormente llegaremos a Ciudad de México, donde buscaremos reunirnos con integrantes de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y el embajador de Honduras, Alden Rivera Montes, debido a que la mayoría son de esa nacionalidad y huyen de la violencia.”
Agregó que además de las reuniones que tendrán con los altos alcalde de Nochixtlán, Rubén Alcides Miguel, ordenó remover de la carretera de acceso la carcasa de un autobús incendiado que las víctimas consideran evidencia clave de la investigación. Algunos pobladores y maestros intentaron oponerse al retiro de las pruebas y el alcalde ordenó la intervención de la policía. Dos personas resultaron heridas. Uno de ellos, Juan Acevedo, había sido herido de bala en la cara comisionados en Ciudad de México, buscarán que aquellos que tuvieron permiso para obtener visa humanitaria se les brinde el respaldo, se les pueda solicitar Universidades e institutos de educación superior del Sistema Universitario Jesuita (SUJ) exigieron detener la violencia de género y garantizar la seguridad, integridad y vida de las mujeres en todo el país, pero de manera particular en algunas entidades.
En un pronunciamiento, los programas de género y derechos humanos del SUJ destacaron que en México 66.1 por ciento de mujeres de 15 años y más enfrentaron al menos un incidente violento por alguna hace dos años, en el primer ataque. Días después, desconocidos allanaron el domicilio de otro maestro, Santiago Ambrosio, dirigente del Comité de Víctimas 19 de junio. Fue salvajemente torturado.
“No podemos dejar de ver cómo este caso de Nochixtlán, con estos episodios recientes, se concatenan con cada uno de los otros momentos represivos. Es ilustrativo del fracaso de la justicia.” asilo mediante la revisión detallada de su documentación y tengan oportunidad de ingresar bajo las normas internacionales a Estados Unidos.
Los migrantes de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala expresaron que esos permisos son un logro, porque la mayoría de los participan en el Viacrucis Migrante abandonaron sus países por la violencia y no pueden regresar porque “sería nuestra muerte”.
Los hechos de Nochixtlán 2016 cambiaron la forma de ver las cosas
vez en su vida. Además, con base en datos de diversos estudios, algunos de ellos gubernamentales, en los espacios públicos o comunitarios 34.3 por ciento de mujeres de esa edad reportó haber experimentado algún tipo de violencia sexual.
También exigieron el esclarecimiento del homicidio de la estudiante Mara Fernanda Castilla, en Puebla, el cual se sumó a otros nueve feminicidios cometidos contra estudiantes universitarias desde 2013.