El proyecto Chemours Laguna y los gobiernos de traición nacional
e utilizado reiteradamente el término de “traición nacional” para caracterizar a los gobiernos que subordinados a los intereses de los grupos corporativos neoliberales y al sistema imperialista mundial –que los protege y representa– entregan lo que queda de la soberanía nacional, los territorios, los recursos naturales y estratégicos, la fuerza de trabajo –por cierto de las más baratas del mundo– condenando a la mayoría de la población de nuestro país a la pobreza e incluso a la miseria; a formas de explotación y dominación extremas que se consideraban superadas, y a una violencia permanente y exponencial que define la forma actual de acumulación capitalista militarizada.
Así, diversas secretarías de Estado, obsecuentemente, otorgan concesiones de enormes porciones del territorio nacional; entregan playas y regiones protegidas para el usufructo empresarial; adjudican el agua para su privatización; condonan multas y reparten permisos a discreción, construyen carreteras e infraestructura, reducen las tarifas eléctricas y ofrecen todo tipo de facilidades administrativas para la apertura de enclaves industriales, sin importarles los daños ambientales, humanos y sociales que esta política colaboracionista conlleva. Y por si esto fuera poco, utilizan a las fuerzas armadas y los cuerpos policiales como modernas “guardias blancas” de las antiguas haciendas, encargadas, ahora, de la protección de los intereses y las propiedades de su neopatrón trasnacional, reprimiendo toda resistencia a este proceso de recolonización propio del neoliberalismo.
Un ejemplo de hasta qué extremos llega este entreguismo de los gobiernos de traición nacional es el proyecto de la empresa estadunidense The Chemours Company, que desde hace más de dos años busca instalar una planta química para producir al menos 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año, una de las sustancias venenosas más potentes que existen, primero propuesta en Guanajuato (Proyecto San Luis), y ahora en Durango (Proyecto Laguna). La empresa, fundada en 1952, pretende surtir de este peculiar insumo de muerte a la industria minera, que en nuestro país se encuentra en plena expansión a pesar de la oposición creciente de numerosas comunidades indígenas y asociaciones ciudadanas, que resisten en defensa de la vida y los territorios.
El representante legal de la empresa, Pedro Guillermo Marín Ávila, recibió un oficio de la Secretaría de Medio or todo Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), fechado el 6 de abril del año pasado, en el que se le reconoce como desistido de la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental para establecer esta fábrica letal en el municipio de San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato. Como ocurre en todo el país, la compañía Chemours encontró la resistencia firme, primero en Salamanca, de un organismo denominado Observatorio Ambiental Ciudadano Biosfera y, posteriormente, en San Luis de la Paz, al norte del estado, donde enfrenta a la Organización Ciudadana Ludovicense por el Derecho a Vivir en un Ambiente Sano.
Geovanna Dávalos y Gustavo Lozano, en un artículo publicado en enero de 2017 (Chemours y la democracia del cianuro, https://goo.gl/zvjg2B) señalan acertadamente: “La lucha ludovicense contra el ‘Proyecto San Luis’ debe dimensionarse adecuadamente; no es sólo contra la Chemours y por su propio territorio; es contra el conjunto de la industria minera, pues el cianuro de sodio es uno de los químicos más utilizados en los procesos de lixiviación de metales ‘preciosos’ extraídos con la técnica ‘a cielo abierto’. Los daños asociados a esta técnica –cada vez más común en México– son notables: militarización del territorio, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, debilitamiento del tejido social, división de las comunidades, atentados contra la integridad física y