Desaparece federal en Tecámac; la corporación no da informes a esposa
“No tengo para dar de comer a mis hijas”, afirma Académica de la UNAM hace propuesta Urge registrar y crear un banco de huellas dactilares
La noche del 12 de marzo fue la última vez que Sandra Jazmín Luna Campos tuvo contacto con su esposo, Juan Serafín Hernández. Él había cumplido una comisión de tres días en Pachuca, Hidalgo, como parte de su labor como escolta de la Policía Federal (PF). Prometió que regresaría al día siguiente, muy temprano, para pasar tiempo con ella y sus tres pequeñas hijas de 11, 10 y 6 años. El uniformado nunca llegó y hasta hoy su familia lo espera.
Sandra Jazmín está segura de que su marido fue víctima de desaparición, por lo que interpuso una denuncia y ha buscado el apoyo de mandos de la PF, particularmente del director del área de Escoltas, Israel Matamoros Espinosa, pero sus esfuerzos han sido en vano. “Nadie me apoya, no tengo ni siquiera para Es urgente que se desarrolle, investigue, registre y se haga un banco de huellas dactilares, porque pueden aportar elementos contundentes para identificar personas desaparecidas, aseguró Lorena Valencia Caballero, académica del Departamento de Anfiteatro de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“En México y a nivel internacional un registro de huellas dactilares es de gran apoyo, por ejemplo, ante el fenómeno de migración; muchas personas se quedan en el camino, mueren y nadie logra identificarlas. Realizar investigaciones de esta índole y contar con un registro dactilar que pueda consultarse a nivel internacional brindará una posibilidad para que las familias vuelvan a ver a sus seres queridos que murieron en regiones fronterizas”, indicó la especialista.
“Incluso ahora que se practican los juicios orales, nosotros como científicos debemos aportar pruebas dar de comer a mis hijas y en la PF sólo me dan evasivas”, afirmó en entrevista.
Datos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) indican que con la de Juan Serafín, suman 52 agentes de la PF desaparecidos tras encontrarse en comisión, operativo o descanso, de 2007 a la fecha.
Las entidades en las que se han reportado más casos son: Michoacán, con 19; Tamaulipas, ocho; Nuevo León y Veracruz, con cuatro; Durango, tres; el mismo número en Zacatecas y Coahuila; dos en Ciudad de México y uno contundentes que permitan identificar a responsables de delitos y víctimas a través de una técnica dactiloscópica más detallada.”
Valencia Caballero, quien desarrolla la investigación Técnicas de identificación humana para población mexicana, desde hace tres años, agregó que debido a las situaciones de emergencia que enfrentamos como sismos e inundaciones, un banco de huellas sería una solución para tener datos de las personas encontradas.
“Con los sismos que hemos vivido cobra relevancia la identificación a través de las huellas dactilares, porque con ellas y una base de datos dactilar antemortem sabríamos a qué persona pertenece cada cuerpo que encontremos.”
Entre las propuestas de la investigadora, de acuerdo con información de la Facultad de Medicina, es que exista una mayor apertura para las instituciones de procuración y administración de justicia para acceder a las bases dactilares que existen en México, como por ejemplo las del Instituto Nacional Electoral. en Sinaloa, Baja California, Guerrero y estado de México.
Serafín Hernández, de 34 años de edad, salió de comisión desde el 10 de marzo. De acuerdo con información obtenida por su esposa la madrugada del día 13, alrededor de las cuatro y media de la mañana, unos compañeros –de quienes la familia desconoce el nombre– lo dejaron en la parada de autobús Cinco de Mayo, en Tecámac, estado de México. Esa fue la última vez que se supo de este efectivo con nueve años de servicio en la PF y cuatro en el área de Escoltas.
“Tez morena clara, ojos medianos café oscuro, cabello lacio castaño oscuro y con tatuajes en ambos brazos”, son las señas particulares con los que la Procuraduría General de la República (PGR) lo incorporó al programa de búsqueda de personas desaparecidas, bajo el registro número 54/DS/2018.
Fuentes consultadas de la CNS informaron a La Jornada que quien está a cargo de recabar toda la información del caso es la División de Investigación de la PF, encabezada por el comisario José Antonio Vega Michaca, especialista en temas de secuestro.
Indicaron que se tiene contacto con la esposa del uniformado, quien no estaba incorporado al Servicio de Protección Federal, órgano adscrito a la CNS que brinda protección a servidores públicos, entre otras funciones; es decir, estaba adscrito directamente a una división de la PF.
Sandra Jazmín afirma que han sido limitados los contactos con los mandos de la PF y de éstos no se ha dado ningún avance ni apoyo para la familia del policía, quien colaboró tres años y medio directamente con el ex titular de la CNS, Monte Alejandro Rubido.
“Matamoros Espinosa fue el que lo envió de comisión y él me lo tiene que regresar vivo. Él sabe con quién lo mandó y quiénes lo dejaron en la parada del autobús. Han pasado muchos días y no tenemos solución. Ni siquiera nos quieren dar el nombre de los compañeros que lo habrían dejado en la parada, ¿qué ocultan?”
Un caso similar previo es el de Marco Antonio Álvarez Gómez, desaparecido el 24 de enero de 2017, en el trayecto de Reforma al centro de Tlalpan, en compañía con dos agentes de la PGR. Sus datos también se encuentran en el programa de personas desaparecidas. autoridades, y advirtió que sin esa ruptura nunca se alcanzarán la paz ni la justicia en México.
Algunas de las observaciones son: la necesidad de implementar medidas para lograr un mayor acompañamiento y apoyo a las víctimas y sus familiares, la falta de realización de diligencias ministeriales, tanto federales como locales, la no ejecución de órdenes de aprehensión y la falta de medidas que contribuyan a generar un entorno con mayores condiciones de seguridad en Iguala.
El segundo documento se difundió el 14 de abril de 2016, se refería a la participación en la desaparición de los normalistas por agentes de la policía municipal de Huitzuco, así como de dos policías federales, además de la corporación municipal de Iguala, por lo que dirigió 17 observaciones más a la PGR.
En este análisis, la CNDH confirmó la llamada segunda ruta de desaparición de los normalistas en el punto conocido como Puente del Chipote, de Iguala, y pidió a la PGR profundizar en sus indagatorias para confirmar o descartar la intervención de los agentes de estas tres corporaciones (PF, de Huitzuco e Iguala) en los hechos y su posible vinculación con la delincuencia organizada.
Señaló que un grupo de entre 15 y 20 normalistas que iba en un autobús de la línea Estrella de Oro había sido detenido, obligado a bajar ahí y los jóvenes habrían sido llevados a Huitzuco para presentarlos ante un individuo conocido como El Patrón, posible líder de Guerreros Unidos y quien “resolvería su destino”.
El tercer reporte se presentó el 11 de julio de 2016, y en él se hacen observaciones por la participar de Julio César Mondragón Fontes, quien apareció sin vida y con el rostro desollado tras los hechos. Se hicieron cuatro observaciones más a la PGR, tres a la CEAV y una a la FGEG.
La CNDH acreditó que en su tortura y homicidio participaron al menos 11 personas, entre integrantes de Guerreros Unidos y policías de Iguala. Señaló que la causa de la ausencia de piel y rostro del joven fue por la intrusión de fauna depredadora, no por acción humana, y que murió por traumatismo craneoencefálico y no por un disparo en la cabeza.