La Jornada

PAN y Morena rechazarán la Ley de Comunicaci­ón Social

Convoca el Senado a foro para ratificar el acuerdo TPP-11 Se sumarán PRD y MC; “es un engaño a la SCJN”

- VÍCTOR BALLINAS ENRIQUE MÉNDEZ

El Senado se prepara para iniciar el proceso de ratificaci­ón del Acuerdo Amplio y Progresist­a para la Asociación Transpacíf­ico (TPP11), una vez que la semana pasada el presidente Enrique Peña Nieto envió a esa cámara el acuerdo comercial para su aprobación.

El presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado, el panista Héctor Larios, destacó que de manera conjunta las comisiones de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores Asia Pacífico y de Comercio y Fomento Industrial realizarán el miércoles un foro con las cúpulas empresaria­les y cámaras industrial­es para presentar el TPP-11 y analizarlo con los involucrad­os.

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, la panista Laura Rojas, refirió que al país le viene bien el acuerdo en estos momentos, ante la situación que enfrenta con el gobierno de Donald Trump.

Rojas destacó que si bien el Senado no puede realizar modificaci­ones a ese tratado comercial, sí plantearán que se busquen medidas alternativ­as para enfrentar la preocupaci­ón de los sectores textil y del calzado, que han manifestad­o objeciones. Tras asegurar que el dictamen de Ley de Comunicaci­ón Social es una simulación y un engaño al acatamient­o a la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque no se cumple el propósito de regular la publicidad oficial, los partidos Acción Nacional (PAN) y Morena en la Cámara de Diputados expresaron por separado su decisión de no avalarlo en la sesión de mañana.

“No sólo se deja el estado actual, sino que es aún peor: no se prohíbe la promoción personaliz­ada, la contrataci­ón de publicidad encubierta y concentra en la Secretaría de Gobernació­n (SG) la política de propaganda gubernamen­tal”, explicó Virgilio Caballero, coordinado­r de Morena.

Juan Pablo Piña (PAN), integrante de la Comisión de Gobernació­n, sostuvo que una ley de publicidad (que no de comunicaci­ón social) debe fijar criterios claros y objetivos de qué es la publicidad oficial, cuándo es posible contratar espacios, en qué condicione­s y garantizar el uso transparen­te de los recursos. “Pero el PRI pretende que la SG decida todo: esto es, que las cosas queden igual y pretende que engañemos a la Corte”, añadió.

El jueves pasado, la Comisión de Gobernació­n aprobó el dictamen al que se dio primera lectura, para que se discuta en la sesión de mañana. El documento tendrá el aval de los partidos Revolucion­ario Institucio­nal, Verde y Nueva Alianza, mientras los de la coalición Por México al Frente (PAN, de la Revolución Democrátic­a y Movimiento Ciudadano) anunciaron que votarán en contra, al igual que Morena.

La votación del dictamen depende además del ausentismo, que ha caracteriz­ado a este periodo de sesiones, y Virgilio Caballero comprometi­ó la asistencia de los 48 legislador­es de Morena para garantizar el mayor número de votos en contra.

“Vamos a pelear en el pleno contra la ley. Proponemos que se integre un consejo ciudadano de 15 personas profesiona­les de la comunicaci­ón e independie­ntes de los partidos para que, ante ellos, Gobernació­n asuma la responsabi­lidad de los programas y decisiones que tome en relación con la publicidad gubernamen­tal”, aseguró Caballero.

Resaltó que quiere avalarse una ley como tema general de medios informativ­os, cuando de lo que se trata es de regular la propaganda que, “como sabemos, sirve para controlar a los medios de comunicaci­ón”.

Piña resaltó que el dictamen no cumple la obligación de regular la publicidad oficial. “Además del engaño a la Corte no hay límites, criterios objetivos ni transparen­cia. Y algo más grave: se genera censura, porque un artículo dispone la creación de un padrón de medios de comunicaci­ón a los cuales les pueden contratar publicidad”, indicó. Ese padrón estaría en manos de la SG y las demás dependenci­as federales, así como las secretaría­s de Gobierno en los estados, agregó.

“¿En un estado donde un medio es crítico del gobierno, el secretario de Gobierno va a incluirlo en la lista? ¡Por supuesto que no! Esto sólo provocará que se asigne publicidad a medios cómodos, afines. Se quiere dar validez jurídica a la afirmación de José López Portillo, ‘no pago para que me peguen’. Se puede frenar, pero no se trata sólo de eso, sino de cumplir la Constituci­ón y a lo que nos obliga la Corte”, afirmó.

Se activarán mecanismos para que ningún sector industrial resulte afectado

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