Indicios de “responsabilidad penal” de Rafael Correa por malos manejos
Contraloría de Ecuador concluye auditoría a la deuda externa
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La Contraloría de Ecuador aseguró que hay indicios de que el ex presidente Rafael Correa (2007-2017) cometió irregularidades de tipo penal en el manejo de la deuda externa en los últimos cinco años de su gobierno, al realizar un cambio en su cálculo no previsto en la ley, dijo este lunes Pablo Celi, contralor del Estado.
La dependencia comenzó en enero una auditoría de la deuda con base en informes preliminares que revelaron la existencia de una declaración de reserva y secreto de la documentación, y en que las ventas anticipadas de crudo habían sido excluidas de las operaciones de deuda pública.
“Entre los sujetos de responsabilidad de indicio penal se encuentran el ex presidente y los ministros de Finanzas del periodo analizado”, dijo el contralor, tras leer el informe final de la auditoría.
El estudio de la Contraloría abarcó la deuda contratada entre 2012 y 2017 y fue realizado por un equipo de economistas, juristas y empresarios.
Celi explicó que el indicio de responsabilidad penal de Correa se atribuye a un decreto presidencial que autorizaba utilizar una metodología de cálculo de la deuda con relación al producto interno bruto “no prevista en la ley” y a que ayudó a contratar pasivos sin la aprobación previa de la Asamblea Nacional (Congreso).
“¡Imagínense! Responsabilidad penal por decir que se mida la deuda de acuerdo con el manual del Fondo Monetario Internacional”, tuiteó Correa desde Bélgica, donde reside.
“Los criminales son los que me acusan”, apuntó el ex gobernante al repetir un dicho del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
La Contraloría dijo que notificó a los involucrados sobre el resultado de la auditoría. El informe podrá servir para que se abra una investigación formal sobre el tema.
El presidente Lenín Moreno ha cuestionado el manejo económico de su antecesor y ex aliado, principalmente en lo relativo a la deuda pública. Correa ha dicho que esas acusaciones forman parte de una persecución política.
Los indicios de responsabilidad penal también recaen sobre algunos directivos de la estatal Petroecuador.