El Bronco iniciará su campaña, pese a enfrentar pesquisas por delitos graves

El INE deberá adaptar el formato de los debates y redistribuir las prerrogativas Es un golpe a la credibilidad de los comicios, advierten Sólo el PRI defiende la decisión de poner a Rodríguez Calderón en las boletas

Con el acatamiento de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó su registro como candidato presidencial, Jaime Rodríguez Calderón iniciará ya su campaña. Aspirante peculiar ante varias disputas legales abiertas por la presunta comisión de delitos electorales y sendos procesos en el Instituto Nacional Electoral (INE) por presunto financiamiento ilícito y la revisión de la legalidad de la captura de sus apoyos.

Responsable de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos Legisladores de diversos partidos políticos y expertos en temas electorales y de transparencia expresaron su rechazo a la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual avaló la inclusión de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, en la boleta electoral.

Precisaron que fue una decisión política y que resta credibilidad a ese órgano, además de generar una sensación de incertidumbre en víspera de los comicios. Para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado fue una determinación justa, y las dirigencias de Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, integrantes de la coalición de Por México al Frente, señalaron que no cuestionarán las decisiones del TEPJF.

La bancada de Morena en San Lázaro, en voz de su vicecordinador, Virgilio Caballero, se dijo preocupada de la decisión, ya que, sostuvo, tiene trasfondo político. Las fracciones del PAN, PRI y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) adelantaron que dichos institutos políticos no impugnarán y respetarán la resolución de dar el visto bueno a la candidatura del gobernador con licencia de Nuevo León.

Senadores del PAN, Partido del Trabajo (PT), Morena y PRD advirtieron que está en duda la credibilidad del TEPJF, luego de –que originalmente determinó negar el registro–, Benito Nacif dijo que con independencia de todos los pendientes legales, Rodríguez Calderón asumirá la candidatura con todos sus derechos y prerrogativas vigentes, que implicarán adecuaciones del INE en materia de su decisión dividida de ordenar el registro de la candidatura independiente de Rodríguez Calderón a la Presidencia de la República.

La senadora priísta por Nuevo León Ivonne Álvarez, quien contendió con El Bronco por la gubernatura de esa entidad, dijo que respalda la resolución del TEPJF, ya que estuvo apegada a derecho y consideró que fueron “muy sólidas” las argumentaciones de los magistrados.

Para Javier Martín Reyes, profesor asociado del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y Mauricio Merino, coordinador general del Movimiento Nosotrxs, el fallo del TEPJF es una muy mala decisión, pues genera una sensación de duda.

Martín Reyes, destacó que uno de los aspectos más cuestionables es que le permitieron contender pese a tener más de 800 mil firmas simuladas y más de 80 mil fotocopiadas. Aunque el caso de Armando Ríos Piter es fundamentalmente el mismo, a él le dieron 10 días para verificar la validez de las firmas recabadas, lo cual muestra que el TEPJF financiamiento público –se le otorgarán 7 millones de pesos–; asignación de promocionales, así como el derecho a tener un representante ante el Consejo General del instituto.

Además, destacó Nacif, se requerirán otras modificaciones operativas derivadas de la resolución aplicó dos criterios distintos para casos idénticos. Merino dijo que el principio número uno en la materia electoral es la certeza y hoy tenemos “incertidumbre”.

En el Senado, el coordinador del PT-Morena, Manuel Bartlett, advirtió que se trata de un tribunal en que la mayoría de sus integrantes fueron electos por cuotas entre las dos principales fuerzas políticas en el Senado y en esta ocasión cuatro de ellos respondieron a las exigencias de quienes pretenden restar puntos a López Obrador.

Advirtió que no lo van conseguir, dijo, pero “es un escándalo” el fallo en favor de El Bronco, “a pesar de las trampas, falsificaciones de firmas y demás chanchullos que documentó el INE”.

La Sala Superior es la última instancia y sus resoluciones son determinantes e inatacables, señaló Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano. “En función de ello, en un estado de derecho se tienen que respetar las decisiones del tribunal”.

Jorge Lumbreras, coordinador de asesores de la Fiscalía Especializa entre las que, de entrada, destaca cambios al formato de los debates presidenciales, incluido el primero que ya había sido aprobado; modificación en el diseño de boletas y en los cuadernillos de trabajo que se utilizarán en las casillas.

Acotó que los procesos legales para la Atención de Delitos Electorales, dijo que las decisiones que tomen las autoridades electorales tienen que respetarse y dar continuidad al proceso democrático. Señaló que lo importante es que el proceso electoral transcurra en condiciones de credibilidad, confianza y legitimidad. contra El Bronco continúan, tanto el fincado ante la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales –por la presunta simulación de firmas–; el de fiscalización, luego que la Unidad Técnica detectó comportamientos irregulares que podrían implicar la aportación ilegal de recursos de empresas, que tienen prohibido destinar fondos para fines electorales.

Además, el procedimiento sancionador ordenado durante la sesión en la que se le negó originalmente el registro “por los hechos posiblemente antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de apoyos, a partir de la información que arroja el uso de la Aplicación Móvil prevista para ese efecto –método que, se insiste, fue validado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la que se desprenden datos tales como las personas que fungieron como auxiliares, lugar, fecha y hora de captura y envío del apoyo ciudadano, así como el número del dispositivo móvil utilizado–, deberán ser materia de investigación y, en su caso, sanción”.