Reclasifican como feminicidio agravado la muerte de Lesby en CU, el año pasado
Acreditan que la pareja sentimental de la joven la violentaba
Después de 11 meses y una ardua labor de investigación de la defensa legal de la familia de Lesby Berlín Rivera Osorio –asesinada hace casi un año en Ciudad Universitaria (CU)–, la Procuraduría de Justicia de Ciudad de México reclasificó la acusación contra el imputado por este crimen.
En conferencia, familiares y defensores de la joven informaron que el lunes, durante una audiencia judicial por el caso, las autoridades capitalinas aceptaron seguir la línea de investigación por feminicidio agravado en forma dolosa.
En un inicio se adelantó que se trataba de un suicidio y hasta se intentó responsabilizarla de su muerte; posteriormente, la hipótesis se basó en homicidio doloso por omisión contra Jorge Luis González Hernández, quien era pareja sentimental de la joven.
La abogada Sayuri Herrera, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, indicó que ante la falta de perspectiva de género de la procuraduría capitalina, la defensa legal de la familia de Lesby, organizaciones civiles y expertos tuvieron que realizar sus propias investigaciones para aportar pruebas y peritajes que aseguraran una investigación efectiva y con perspectiva de género.
Tras arduas indagatorias, el equipo legal acreditó que la pareja sentimental de la joven la violentaba física, sicológica y económicamente; la celaba, tenía control de sus redes sociales; limitó sus vínculos sociales y familiares, y finalmente la habría estrangulado con el cable de un auricular de una caseta telefónica ubicada en el llamado camino verde, frente al Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el 3 de mayo de 2017.
Con base en las pruebas presentadas por la defensa legal, que incluyeron el trabajo de peritos que han dictaminado casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades capitalinas reclasificaron la acusación, por lo que dieron hasta el 9 de mayo a los abogados del inculpado para presentar sus argumentos en una nueva audiencia.
En la conferencia se denunció que el presunto responsable “fue protegido” por personal de la UNAM, debido a que trabajó en algunos interinatos como auxiliar de intendencia, pero sobre todo porque es hijo del chofer del director general de personal, Marco Antonio Domínguez.
Araceli Osorio, madre de Lesby, destacó que fue gracias a la movilización de las universitarias y de organizaciones civiles y otros colectivos que este caso no fue uno más de los que permanecen en la impunidad.
señalaron que sólo 19 estados cuentan con un tipo penal que cumple total o parcialmente las características adecuadas para poder acreditar el delito, y pese a ello, “las autoridades rehúsan investigar las muertes violentas como feminicidios, iniciando las pesquisas como supuestos suicidios”.
Sin tipo penal adecuado
Los 13 estados restantes: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán “no cuentan con un tipo penal adecuado”.
María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, expuso que después de revisar los informes de alerta de género que ya se han emitido en diferentes estados, hallaron que muchos de los feminicidios son cometidos por la delincuencia y el crimen organizado en entidades como Guerrero, Sinaloa, estado de México y Morelos. Sin embargo, dijo, estos casos tampoco son investigados.
Señaló que en los feminicidios, la mayoría de la víctimas tenían entre 21 y 30 años, fueron asesinadas “de manera brutal mediante golpes, estrangulamientos y asfixia”, y fueron encontradas en lugares públicos como carreteras y baldíos.
Asimismo, denunció que en muchos casos la autoridad desconoce el vínculo entre la víctima y el victimario, “lo que muestra que las investigaciones carecen de diligencias básicas. En Sinaloa, por ejemplo, de 85 casos de asesinatos de mujeres registrados el año pasado, en 94 por ciento se desconoce al agresor. Resaltó que Baja California Sur, Durango, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas y Tlaxcala carecen de protocolo de actuación para la investigación de ese delito.
María de la Luz Estrada, quien presentó los resultados de este estudio, dijo que casos de feminicidio se pudieron evitar. En Sinaloa se documentaron 109, en los que las mujeres habían denunciado violencia previamente.