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Huachicoleros, negocio en jauja Pemex pierde 30 mil millones Tres gobiernos, cero resultados
ño tras año, según crece el de por sí jugoso negocio de los huachicoleros, desde la trinchera gubernamental se oye el sobado grito de “¡ya basta!” –el cual, dicho sea de paso, se escucha desde cuando menos el sexenio foxista–, aderezado con la cantaleta de que “se pondrá en marcha una estrategia integral contra el robo de combustible…”.
El resultado ha sido desastroso para las arcas nacionales, porque de manera formal tal estrategia acumula no menos de 15 años, a lo largo de los cuales el número de tomas clandestinas de combustible se incrementó de unas cuantas decenas en la primera mitad del sexenio foxista a 10 mil 363 al cierre de 2017 (la información es de Pemex), crecimiento exponencial que nadie ha podido –o querido– detener, con un creciente costo para el país.
Y en esa estrategia participan, permanentemente, la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría General de la República (PGR), el Ejército, la Marina y la Policía Federal, mientras el negocio crece a paso veloz.
Ayer, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño Medina, informó que la pérdida económica generada por el robo de combustibles en el país es ya de 30 mil millones de pesos anuales, incremento de 50 por ciento respecto de las estimaciones de la Secretaría de Hacienda a mediados del año pasado, la cual era del orden de 20 mil millones de pesos (La Jornada, Juan Carlos Miranda).
Treviño dijo que el incremento en el número de tomas clandestinas es un asunto que “ya preocupa” a la empresa productiva del Estado (lentos, pero seguros), pues la información más reciente indica que en el primer bimestre de 2018 el número de tomas clandestinas en el país llegó a 2 mil 274, 38 por ciento más respecto de igual periodo de 2017.
De mantenerse esa dinámica –y no resulta descabellado que lo hará–, 2018 cerraría con un total aproximado de 13 mil 644 tomas clandestinas, contra 10 mil 363 en diciembre de 2017. Y alrededor de dos terceras partes del saqueo se concentran en cinco estados de la República (Guanajuato, Puebla, Tamaulipas, Hidalgo y Veracruz, que acaparan 63 por ciento de las tomas clandestinas).
El panorama resulta aterrador no sólo por el sostenido crecimiento de esa actividad criminal, sino por la cachaza de la autoridad, como en el caso del director general de Pemex, quien ayer aseguró que “el incremento en la detección de tomas es una muestra de éxito; no es tan mala noticia, porque quiere decir que tenemos ayuda de los municipios, de la población, de los estados y de las fuerzas federales para irlas a detectar y tapar” (idem). ¡Claro! Y si detectan 10 mil, señal que otras 20 mil o más están en manos de los boyantes huachicoleros.
De cualquier suerte, el siempre positivo director de Pemex asegura que “la estrategia ha funcionado; sin embargo, debo decir y reconocer que no ha sido suficiente, hay todavía mucho por hacer”. Bien, pero en donde Treviño sí tiene razón es en el hecho de que la empresa es una doble víctima del delito, porque no sólo saquean y destruyen sus ductos, sino a la hora de la hora el aparato de justicia brilla por su ausencia. “Falta una justicia expedita en el país, pues de las mil 600 personas que fueron detenidas in fraganti en brechas o conduciendo camiones para hacer perforaciones, apenas uno o dos por ciento concluye el proceso penal. Si estas mil 600 personas que fueron agarradas in fraganti estuvieran en la cárcel, que es donde deben estar, pues tendríamos mil 600 pillos menos cometiendo este delito”.
En síntesis, 15 largos años de estrategia y el negocio de los huachicoleros está en jauja. Por ello vale hacer un recuento de los éxitos, entre los que destaca –por no decir aterroriza– el hecho de que el número de tomas clandestinas se incrementó en alrededor de 10 mil por ciento con Fox, Calderón y Peña Nieto, y el negocio huachicolero es una mina de oro, pues el mercado ilegal de combustibles crece como la espuma.
En agosto de 2003, Pemex informó que “existe un grupo de trabajo interinstitucional del gobierno federal con el propósito de delinear estrategias, dar seguimiento al Programa de Combate al Mercado Ilícito de Combustibles y ejercer las acciones legales que procedan ante las autoridades competentes”. Se puso en acción, pero al cierre del sexenio foxista las tomas clandestinas pasaron de unas cuantas decenas reconocidas tres años atrás a más de 204, de acuerdo con los reportes institucionales.
Con el tal Jelipe en Los Pinos se “reafirmó la estrategia”. Pero los resultados fueron igual de desastrosos que en el sexenio foxista, porque el mercado ilícito de combustibles creció vertiginosamente. Calderón inició su gobierno con 204 tomas clandestinas detectadas y selladas y lo concluyó con mil 296, aumento de 635 por ciento respecto del cierre de la administración anterior. En ese entonces, los estados con mayor incidencia en tomas clandestinas fueron: Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, estado de México y Jalisco.
Ya con Enrique Peña Nieto en la residencia oficial Pemex implementó medidas estratégicas, que incluían la vigilancia de ductos de los derechos de vía y de instalaciones que se incrementó a 33 mil 41 kilómetros promedio por día mediante vehículos y la revisión física de 584 kilómetros promedio al día a pie, en coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y la PGR.
Pero de nada sirvió (salvo a los huachicoleros), pues de las mil 296 tomas clandestinas al cierre de 2012, el número se incrementó a 10 mil 363 en diciembre de 2017, es decir, un aumento cercano a 800 por ciento (alrededor de mil por ciento si se considera la estimación para 2018). En la lógica del actual director de Pemex, tal balance sería exitoso, a no ser porque lo que también avanzó, y a paso veloz, fue el ingreso para el crimen organizado, así como su poder de fuego y su ejército de huachicoleros.
¿Qué falta para que cuaje la estrategia? Lo elemental, como se ha comentado en este espacio: mientras no se combata la corrupción y la impunidad (y la cadena es enorme), no habrá institución capaz de acabar no sólo con el mercado ilícito de combustibles, sino con todo lo demás, que es muchísimo.