Obras de alcantarillado y saneamiento en Zimapán, abandonadas desde 2015
Un sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) comenzó a construir en 2015 en la comunidad de Puerto Juárez, municipio de Zimapán, quedó abandonado. Según la carpeta básica del proyecto, en él se invirtieron más de 16 millones de pesos.
En un recorrido por el paraje se observó que sólo se instaló parte de la planta tratadora y de la red de alcantarillado. La barda perimetral tampoco está terminada.
Este sistema es una de las 102 obras que el 22 de julio de 2015 anunció la CDI para Hidalgo, como parte del programa de infraestructura indígena, al cual la comisión destinó 496 millones 420 mil pesos y el gobierno de Hidalgo –a cargo entonces del priísta Francisco Olvera Ruiz–, 52 millones 508 mil pesos, para un total de 548 millones 928 mil pesos.
En el expediente técnico de la obra 13/02/0228/2013, Carlos Ortiz Rodríguez, en ese tiempo alcalde de Zimapán, enumeró las obras que la CDI realizaría en este municipio, entre ellas el sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento, que beneficiaría a 342 habitantes.
‘‘Ortiz Rodríguez y el ex delegado de la CDI, Rolando Jiménez Rojo, dieron el banderazo de inicio de la obra con gran despliegue publicitario, pero no se concluyó’’, denunció Víctor Guerrero, de la agrupación Comunidades Unidas de Zimapán (CUZ).
Relató que, de acuerdo con vecinos, los trabajos se iniciaron el primero de julio de 2015 y un mes después se suspendieron. Según la CDI, los vecinos de una localidad vecina se quejaron de que el sistema iba a contaminar unos manantiales.
‘‘Eso demuestra que los técnicos de la CDI que elaboraron el proyecto fueron ineptos o corruptos, porque si se dieron cuenta de que no era viable, no debieron haberlo incluido en el paquete de obras del programa de infraestructura indígena’’, manifestó.
Guerrero aseguró que hay muchas otras inconclusas en Zimapán en otras partes de la Sierra Gorda y el Valle del Mezquital, por lo que la CUZ evalúa promover recursos legales para que la Cdi explique las causas de la suspensión y qué pasó con el dinero entregado a las empresas que obtuvieron los contratos para llevarlas a cabo.